Una investigación de Interferencia identificó beneficios para personas condenadas por tráfico de drogas, incluidos detenidos con grandes cargamentos en la frontera norte. Los decretos fueron firmados por el ministro Fernando Rabat y el exsubsecretario Luis Silva, en medio de los cuestionamientos por la política de reducción de condenas.
La controversia por las rebajas de condenas otorgadas por el Ministerio de Justicia sumó nuevos antecedentes. Una investigación de Interferencia reveló que 115 extranjeros condenados por delitos relacionados con drogas recibieron reducciones de sus penas durante 2026.
El reportaje revisó 150 decretos de reducción de condenas a ciudadanos extranjeros y detectó que 115 de los beneficiados habían sido sentenciados por delitos de drogas. Entre los casos aparecen personas condenadas por transportar grandes cantidades de marihuana, cocaína, pasta base y ketamina.
Los documentos incluyen decretos firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y por el entonces subsecretario de la cartera, Luis Silva, quien actuó como ministro subrogante. Según la investigación, el Ministerio no se opuso a ninguna de las rebajas examinadas.
Los antecedentes vuelven a poner bajo cuestionamiento los criterios utilizados por la cartera para conceder estos beneficios, especialmente porque algunos condenados contaban con informes desfavorables de reinserción social o habían recibido anteriormente el rechazo de solicitudes de libertad condicional.
Condenados por trasladar más de una tonelada de droga
Uno de los casos identificados corresponde a Jhoel Ramos Antesana, condenado a cinco años y un día de cárcel tras ser detenido en julio de 2021 en el sector de Alto Lirima, en la comuna de Pica.
El hombre viajaba como acompañante en una camioneta que cumplía funciones de avanzada para el traslado de un cargamento compuesto por 867 kilos de marihuana, 198,7 kilos de clorhidrato de cocaína y 25,3 kilos de pasta base.
De acuerdo con los antecedentes judiciales recogidos por Interferencia, el cargamento superaba los mil millones de pesos en valor. Pese a la condena, el Ministerio de Justicia redujo su pena en tres meses mediante un decreto fechado el 12 de mayo, lo que adelantó su término de condena.
Otro caso corresponde a Fredy Orlas Heredia, condenado a cinco años y un día por transportar 52 kilos de pasta base de cocaína. Un informe de Gendarmería de abril de 2024 lo calificó con un nivel alto de riesgo de reincidencia y no recomendó concederle una pena mixta.
Además, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Antofagasta había rechazado su solicitud por considerar que no demostraba avances en su proceso de reinserción social. Sin embargo, el Ministerio de Justicia le redujo seis meses de condena mediante un decreto firmado el 1 de junio por Luis Silva, en calidad de ministro subrogante.
Beneficios para detenidos en la frontera norte
La investigación también identificó al menos 13 extranjeros condenados por tráfico de drogas que fueron detenidos en la frontera norte o en controles de las rutas que conectan con ella. En cinco de esos casos, las sentencias acreditaron que habían ingresado al país por pasos no habilitados.
Entre ellos figura Wilber Tenajas Orellana, detenido junto a otras personas en noviembre de 2022, cuando transportaban 291,5 kilos de marihuana tras ingresar a Chile por un paso no habilitado cercano a la ruta hacia el Paso Jama.
Tenajas fue condenado a cuatro años y cinco meses de presidio. Pese a que anteriormente le habían rechazado una solicitud de pena mixta, obtuvo una reducción de siete meses mediante un decreto firmado el 7 de septiembre.
Otro antecedente involucra a José Luis Liscano Bermúdez y Víctor Mora Araya, detenidos en octubre de 2021 cuando se trasladaban desde Colchane con 32,7 kilos de ketamina, dos pistolas y una granada de uso militar. Ambos fueron condenados por tráfico de drogas y posteriormente recibieron rebajas de sus penas.
La interpretación jurídica detrás de las rebajas
Los decretos examinados por Interferencia utilizan una argumentación jurídica similar para fundamentar los beneficios. En ellos se sostiene que el Ministerio de Justicia no estaría facultado para rechazar una reducción de condena basándose en la gravedad del delito o el bien jurídico protegido.
La cartera fundamentó esa interpretación en un fallo de 2018 de la Corte de Apelaciones de Santiago y dos resoluciones de la Corte Suprema.
Este argumento coincide con el utilizado en las rebajas concedidas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, caso que desató la actual controversia política y motivó cuestionamientos a la gestión de Fernando Rabat.
Sin embargo, la discusión sobre las atribuciones del Ministerio también ha sido cuestionada por antecedentes judiciales. Una investigación de CIPER publicada el 4 de noviembre identificó fallos de las cortes de Santiago y Valparaíso que establecieron que la cartera debía pronunciarse sobre las solicitudes y que, en determinados casos, podía reconocer o rechazar el beneficio.
La controversia también motivó la intervención de la Contraloría General de la República, cuyos funcionarios concurrieron al Ministerio de Justicia para recopilar antecedentes sobre los decretos cuestionados.
Hasta ahora, los nuevos antecedentes corresponden a una investigación periodística y no constituyen por sí mismos una resolución que determine ilegalidad o responsabilidades administrativas o penales. La revisión de los procedimientos y de los criterios aplicados continúa en el ámbito institucional.
El Maipo
