Funcionarios del organismo llegaron a las dependencias de la cartera la semana pasada para revisar el procedimiento que permitió reducir las penas de personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Además, solicitó un informe al ministerio por una eventual falta de respuesta a la Defensoría de la Niñez.
La Contraloría General de la República inició una fiscalización en el Ministerio de Justicia para revisar el procedimiento mediante el cual se otorgaron rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
El organismo confirmó que sus funcionarios se encuentran en las dependencias de la cartera desde la semana pasada, luego de recibir denuncias relacionadas con la tramitación de estos beneficios. La revisión se desarrolla en medio de los cuestionamientos que enfrenta el ministro Fernando Rabat por los decretos que autorizaron las reducciones de penas.
La fiscalización busca reunir antecedentes sobre el procedimiento administrativo. Hasta ahora, Contraloría no ha informado conclusiones ni establecido eventuales responsabilidades.
Contraloría también exige antecedentes por solicitud de la Defensoría
La intervención del organismo contempla una segunda gestión. Contraloría está requiriendo un informe al Ministerio de Justicia a raíz de una presentación realizada por parlamentarios de oposición, quienes solicitaron un pronunciamiento sobre una eventual falta de respuesta de la cartera a la Defensoría de la Niñez.
El requerimiento fue ingresado el martes 3 de noviembre por los diputados Andrea Parra, Daniela Serrano, Raúl Leiva, Emilia Schneider, Luis Malla y Jorge Díaz.
Los legisladores pidieron que el ministerio entregue íntegramente los antecedentes solicitados por la Defensoría, incluida una copia de los 56 decretos de rebaja de condena. También solicitaron que se investiguen posibles responsabilidades administrativas por la demora en responder.
La Defensoría había requerido información sobre las personas condenadas que solicitaron u obtuvieron este beneficio entre enero de 2020 y octubre de 2026, además de los criterios utilizados para considerar el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Según la presentación parlamentaria, el plazo de cinco días para responder venció el 29 de octubre.
La controversia suma nuevas presiones sobre Fernando Rabat
La fiscalización de Contraloría agrega una nueva arista institucional a la controversia que afecta al ministro Fernando Rabat. El caso también está siendo investigado por el Ministerio Público, luego de una denuncia relacionada con los decretos de reducción de condenas.
En paralelo, parlamentarios opositores mantienen su intención de presentar una acusación constitucional contra el secretario de Estado, mientras cuestionan la falta de acceso a los documentos que respaldaron las decisiones.
Desde el Gobierno, el ministro subrogante de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, rechazó las críticas y sostuvo que el Ejecutivo busca resguardar la privacidad de las víctimas. También acusó a la oposición de utilizar el caso con fines políticos.
Por ahora, las diligencias de Contraloría se encuentran en desarrollo y no existe un pronunciamiento definitivo sobre eventuales irregularidades administrativas en la concesión de los beneficios o sobre la respuesta del Ministerio de Justicia a la Defensoría.
El Maipo
