Familias de El Monte cuestionan expropiaciones por obras en Ruta 78: denuncian pagos insuficientes y terrenos sin acceso

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Vecinos afectados por el nuevo enlace entre la Ruta 78 y calle San Antonio acusan que las tasaciones no reflejan el valor de sus propiedades. También advierten que el diseño de las obras podría dejar terrenos sin conexión con la vía pública.

La construcción de un nuevo enlace vial entre la Ruta 78 (Autopista del Sol) y calle San Antonio mantiene en incertidumbre a familias de El Monte, cuyos terrenos serán afectados por un proceso de expropiación. Los residentes cuestionan los montos de las compensaciones y las consecuencias que tendría el proyecto para sus viviendas y propiedades.

Los antecedentes fueron expuestos en un reportaje de Teletrece, que recogió los testimonios de las familias afectadas y las observaciones de un especialista en tasaciones. En el espacio, los vecinos detallaron sus cuestionamientos a los montos ofrecidos y al diseño del proyecto, que —advierten— podría dejar varias propiedades sin acceso.

Vecinos advierten que quedarían aislados

Una de las principales preocupaciones apunta al diseño del enlace. Según los residentes, los planos no contemplarían accesos para los terrenos que conservarán parte de su superficie después de las expropiaciones.

Gonzalo Leal Aranda, uno de los vecinos afectados, advirtió que su propiedad y otros terrenos colindantes quedarían prácticamente encerrados. La situación también alcanzaría a una empresa vecina y a otras tres familias.

Los residentes señalan que han participado durante más de un año en reuniones con organismos y representantes vinculados al proyecto. Sin embargo, aseguran que no han recibido respuestas concretas sobre cómo se resolverán los accesos.

La concesionaria a cargo del tramo no entregó declaraciones ante las consultas realizadas por el equipo periodístico.

Cuestionan tasaciones y montos ofrecidos

Las críticas también apuntan a los criterios utilizados para calcular las compensaciones. El presidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV), Teodosio Cayo, identificó posibles deficiencias metodológicas en los informes revisados.

El especialista explicó que las tasaciones deben considerar las características y condiciones de cada propiedad. Entre los elementos que, según indicó, no estarían suficientemente considerados, mencionó los accesos, los pozos de agua y las referencias de precios de terrenos del mismo sector.

Cayo también planteó una diferencia entre el valor de reposición de las construcciones y el valor comercial de una propiedad. A su juicio, utilizar una metodología que no recoja adecuadamente las características del terreno puede generar montos que no reflejen su valor de mercado.

Uno de los casos expuestos corresponde a Patricia Turrieta. Por un terreno y tres viviendas donde residen cuatro familias, el Estado ofreció $182 millones. Tras distribuir el monto entre los herederos, a ella le corresponderían cerca de $53 millones.

La vecina cuestionó que esa cantidad no le permitiría adquirir una vivienda en condiciones similares en la zona. Según su estimación, una propiedad con conectividad básica puede costar alrededor de $90 millones.

También relató que, durante las conversaciones sobre una eventual reubicación, se les habría planteado facilitar un camión para trasladar sus pertenencias, sin resolver dónde podrían instalarse posteriormente.

Viviendas con más de un siglo de historia familiar

Además del impacto económico, las expropiaciones representan la pérdida de espacios que han permanecido durante generaciones en manos de las mismas familias.

Víctor Aranda relató que sus bisabuelos llegaron al lugar hace aproximadamente 150 o 160 años. En su propiedad, las marcas del trazado de la obra anticipan la demolición de la casa principal, jardines y espacios de encuentro familiar.

Los residentes también alertaron sobre la posible desaparición de árboles antiguos y de la sede social del sector, elementos que forman parte de la vida comunitaria.

Frente a las denuncias, la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas tampoco entregó respuestas sobre los montos de las tasaciones ni sobre las dificultades de acceso que enfrentarían los terrenos remanentes.

El conflicto mantiene abiertas las preguntas sobre las compensaciones, las condiciones de traslado y las solucione

El Maipo

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