Gonzalo Arenas descartó que la salida del exsubsecretario de Justicia estuviera relacionada con su firma en los decretos de rebaja de condenas. Además, defendió la continuidad del ministro y sostuvo que el Ejecutivo reconoce errores en el proceso.
El subsecretario general de Gobierno y vocero del Ejecutivo, Gonzalo Arenas, afirmó que la salida de Luis Silva de la Subsecretaría de Justicia se produjo por la publicación de un video sin informar previamente a las autoridades, y no por su participación en la firma de decretos que concedieron rebajas de condenas.
En conversación con el programa Mesa Central de Canal 13, Arenas sostuvo que el registro difundido por Silva provocó un quiebre de confianza dentro del equipo de Gobierno. En ese video, el entonces subsecretario explicó que su firma aparecía en algunos documentos porque había subrogado al ministro Fernando Rabat y que el criterio aplicado había sido definido por el titular de Justicia.
“No lo sacan por el tema de las firmas de los decretos, no lo sacan para aplacar esta crisis. Lo sacan por una razón muy concreta: dio un video sin avisar al Gobierno, menos al ministro”, afirmó Arenas.
El vocero agregó que el registro fue interpretado por parte de la ciudadanía como un intento de deslindar responsabilidades. Según señaló, esa lectura fue considerada “gravísima” por el Presidente José Antonio Kast.
“¿Qué confianza puede tener un ministro o un Gobierno en un subsecretario que va a hablar por la prensa sin contarle al Gobierno?”, planteó.
Arenas defiende la continuidad del ministro Fernando Rabat
Durante la entrevista, el vocero también abordó las críticas por la permanencia de Fernando Rabat al frente del Ministerio de Justicia, en medio de la controversia por las rebajas de condenas y el anuncio de una acusación constitucional en su contra.
Arenas sostuvo que el ministro reconoció errores y que el Presidente le encargó trabajar para corregir la situación. Por ello, descartó que su salida contribuya a resolver el problema.
El subsecretario comparó el escenario con el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, durante el cual —según afirmó— ministros acusados constitucionalmente permanecieron en sus cargos mientras se desarrollaban esos procesos.
También sostuvo que una eventual renuncia de Rabat no detendría la acusación constitucional anunciada por la oposición. A su juicio, la iniciativa responde a objetivos políticos.
El Gobierno reconoce errores en el proceso
Arenas reconoció que la controversia es grave y que el Ejecutivo cometió errores. Sin embargo, cuestionó la forma en que, según su interpretación, la oposición ha instalado el tema en el debate público.
“Estoy convencido de que los antecedentes los tenían todos de antes”, afirmó, en referencia a los sectores que han impulsado cuestionamientos por los decretos.
El vocero también recordó que el mecanismo de rebaja de condenas lleva más de dos décadas funcionando. No obstante, reconoció que el ministro Rabat no habría previsto el impacto político de las decisiones adoptadas.
El caso mantiene abierto el debate sobre los criterios utilizados para conceder las rebajas, las responsabilidades de las autoridades que participaron en el proceso y la respuesta del Ejecutivo frente a las personas afectadas. La controversia también elevó la presión política sobre el titular de Justicia, cuya continuidad fue respaldada públicamente por Arenas.
El Maipo
