La sesión especial estuvo marcada por críticas transversales a las administradoras tras la caída del Fondo E y las pérdidas asociadas a instrumentos derivados. Mientras el gremio defendió su estrategia de inversión, parlamentarios plantearon investigar eventuales incumplimientos y evaluar medidas para los cotizantes afectados.
Las pérdidas registradas por los fondos de pensiones y las eventuales responsabilidades de las administradoras marcaron una tensa sesión especial del Senado este martes. El debate reunió a autoridades del Gobierno, representantes de la industria y parlamentarios, quienes cuestionaron las consecuencias de las inversiones en instrumentos financieros derivados.
El presidente de la Asociación de AFP, León Fernández, defendió el funcionamiento del sistema y sostuvo que el Fondo E debe evaluarse con una perspectiva de largo plazo. Sin embargo, su exposición no incluyó compromisos de restitución de los montos perdidos por los afiliados.
La sesión contó con la participación del ministro del Trabajo, Tomás Rau; el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez; el presidente del Consejo Consultivo Previsional, Pedro Pizarro; y la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Catherine Tornel.
Cruces políticos por las pérdidas de los fondos
Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando la senadora independiente Alejandra Sepúlveda cuestionó la actuación de las administradoras y afirmó que las advertencias de la Superintendencia de Pensiones habían sido reiteradas.
La parlamentaria planteó que las pérdidas de los fondos D y E deben analizarse considerando la cercanía de muchos afiliados a la jubilación y el tiempo limitado que tienen para recuperar sus ahorros.
Por su parte, el senador comunista Daniel Núñez criticó la falta de propuestas concretas para compensar a los afectados y emplazó a las AFP a responder por las consecuencias de las inversiones.
Desde la oposición a esas críticas, el senador Javier Macaya (UDI) llamó a distinguir entre las pérdidas propias de las fluctuaciones del mercado y eventuales infracciones. Sostuvo que una caída en el valor de los fondos no constituye, por sí sola, prueba de una irregularidad.
En una línea similar, la senadora Andrea Balladares (RN) cuestionó las expresiones que califican la situación como un «turbazo», aunque señaló que las decisiones de inversión deben investigarse para determinar si se ajustaron a las exigencias regulatorias.
AFP defiende el Fondo E y apunta a su recuperación
Durante su intervención, Fernández sostuvo que el Fondo E está expuesto a variaciones de mercado y que su carácter conservador no significa que su valor no pueda caer.
Como antecedente, recordó que en 2021 el fondo registró una caída cercana al 21%, pero recuperó su valor en nueve meses. También indicó que, tras retroceder un 10,4% entre enero y septiembre de 2026, el Fondo E mostró una recuperación durante las primeras semanas de octubre.
Según las cifras entregadas por el dirigente gremial, el fondo subió un 2,9% en términos nominales y un 2,5% en términos reales durante ese período.
No obstante, la recuperación parcial no elimina las pérdidas registradas anteriormente ni garantiza que los valores vuelvan a sus niveles previos. El resultado final dependerá de la evolución de los mercados y de las inversiones.
Los contratos derivados bajo revisión
Parte de las pérdidas se relaciona con el uso de swaps, contratos financieros que permiten intercambiar flujos de pagos asociados a tasas de interés. Las AFP utilizaron estos instrumentos como parte de sus estrategias de inversión y cobertura.
Los cambios en las tasas internacionales encarecieron las obligaciones asociadas a esos contratos, lo que afectó la valoración de los fondos D y E.
El superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, señaló que el organismo había advertido previamente a las administradoras sobre los riesgos vinculados a estas operaciones. También recordó que se realizaron reuniones con los directorios de las siete AFP para abordar la exposición a los derivados.
La Superintendencia inició un procedimiento sancionatorio contra las siete administradoras para establecer si cumplieron sus deberes legales y regulatorios. La investigación deberá determinar si existieron incumplimientos y cuáles serían sus eventuales responsabilidades.
Investigación y posibles medidas para los afiliados
La controversia también avanzó en el ámbito legislativo y judicial. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó crear una comisión especial investigadora, mientras que una denuncia presentada por parlamentarios del Partido Socialista quedó en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
Además, se solicitó que la Fiscalía Nacional Económica examine el comportamiento de las administradoras en sus decisiones de inversión.
Por ahora, no existe una determinación definitiva de responsabilidades penales o administrativas. Esas conclusiones dependerán de las investigaciones en curso.
El debate en el Senado dejó en evidencia las diferencias sobre cómo responder a las pérdidas: mientras las AFP defendieron la evaluación de sus inversiones a largo plazo, parlamentarios insistieron en esclarecer eventuales incumplimientos y en discutir medidas para quienes se acercan a la jubilación.
El Maipo
