El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, confirmó que el Ejecutivo estudia mecanismos para anular o suspender decretos vigentes que beneficiaron a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La medida abarcaría 56 casos del actual Gobierno y más de 250 de la administración anterior, aunque su aplicación enfrenta dificultades jurídicas.
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast buscará una fórmula legal para revertir las rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. La iniciativa incluiría tanto los 56 decretos emitidos durante la actual administración como los más de 250 correspondientes al Gobierno anterior.
La medida fue confirmada este lunes por el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, luego de que Kast reconociera un error en la entrega de estos beneficios y encargara al ministro de Justicia, Fernando Rabat, buscar alternativas para enfrentar las consecuencias de las resoluciones.
En declaraciones recogidas por CNN Chile, Arenas señaló que el Mandatario pidió incorporar al proyecto de ley una fórmula que permita anular o suspender los decretos que actualmente están vigentes.
“Vamos a buscar la fórmula. Es difícil, porque hay temas legales importantes”, sostuvo el vocero, quien agregó que Rabat se comprometió a impulsar las alternativas y entregar una respuesta lo antes posible.
El alcance de la medida y sus dificultades legales
La eventual revisión no se limitaría a los decretos firmados durante el Gobierno de Kast. Según Arenas, la instrucción presidencial también contempla los beneficios otorgados durante la administración de Gabriel Boric, lo que ampliaría el alcance de la iniciativa a más de 300 resoluciones.
Sin embargo, el anuncio no significa que los decretos hayan sido anulados ni que las personas beneficiadas deban regresar automáticamente a prisión. El Ejecutivo todavía debe determinar qué mecanismos jurídicos permitirían modificar o dejar sin efecto las resoluciones ya emitidas.
La controversia se originó tras conocerse que 56 personas condenadas por abuso sexual y violación contra menores recibieron rebajas de condena durante el actual Gobierno. El caso abrió cuestionamientos sobre el criterio aplicado por el Ministerio de Justicia y la interpretación de las normas que regulan estos beneficios.
Rabat seguirá a cargo de buscar una solución
Pese a las críticas por la emisión de los decretos, Kast confirmó que Fernando Rabat continuará al frente del Ministerio de Justicia y tendrá la responsabilidad de impulsar las medidas correctivas.
El Ejecutivo anunció, además, la suspensión de la tramitación de nuevas rebajas de condena para personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y el impulso de cambios legales para impedir que estos beneficios se concedan nuevamente.
La discusión también se trasladará al Congreso, donde existen iniciativas parlamentarias relacionadas con las restricciones a las rebajas de condena y la forma en que deben resolverse estos beneficios penitenciarios.
Por ahora, el principal desafío del Gobierno será establecer si existe una vía legal para revertir los decretos ya cursados, sin dar por resuelto un proceso que todavía enfrenta interrogantes jurídicas y políticas.
El Maipo
