Las bancadas del Frente Amplio, PS, PC, DC, PPD y Partido Liberal emplazaron al Presidente José Antonio Kast a remover al ministro de Justicia. La ofensiva política se intensificó después de que el Gobierno suspendiera la tramitación de nuevos decretos, tras otorgar rebajas de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores.
La controversia por las rebajas de condena concedidas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes escaló este viernes a un nuevo frente político. Seis partidos de oposición exigieron al Presidente José Antonio Kast remover al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y anunciaron que comenzaron a preparar una eventual acusación constitucional en su contra.
La declaración conjunta fue suscrita por las bancadas del Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, Democracia Cristiana, Partido por la Democracia y Partido Liberal. Los parlamentarios cuestionaron la responsabilidad política del secretario de Estado y la respuesta inicial del Ejecutivo frente a los beneficios otorgados.
“Exigimos al Presidente Kast que remueva al ministro Fernando Rabat de su cargo”, señalaron las bancadas, que calificaron la respuesta del Gobierno como tardía e insuficiente.
La oposición también anunció que impulsará una sesión especial en el Congreso para que Rabat explique los fundamentos jurídicos del cambio de criterio del Ministerio de Justicia y las decisiones adoptadas durante la actual administración.
Gobierno suspendió nuevos decretos tras defender las rebajas
El emplazamiento opositor se produjo después de que el Ministerio de Justicia anunciara la suspensión de la tramitación de los decretos de rebaja de condena que se encuentran pendientes.
La decisión llegó luego de que se conociera que el Gobierno había concedido beneficios a 56 condenados por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación.
Hasta antes del anuncio, Rabat había defendido la firma de los decretos bajo el argumento de que correspondía aplicar la normativa vigente y la interpretación jurídica que, según sostuvo, respaldaba la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Sin embargo, tras el aumento de los cuestionamientos, el Ministerio informó que un análisis de la legislación permitió identificar un “vacío legal” relacionado con la aplicación de las restricciones introducidas en 2022 para personas condenadas antes de esa fecha.
“Lo que haremos ahora es abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022”, sostuvo el ministro.
La cartera agregó que, mientras se tramitan las modificaciones legales, permanecerá suspendida la tramitación de los decretos pendientes.
Oposición cuestiona responsabilidad política del Presidente
Para las bancadas opositoras, la controversia no se limita a la interpretación jurídica utilizada por el Ministerio, sino que también involucra la responsabilidad política del mandatario.
En su declaración, los parlamentarios sostuvieron que Kast debe asumir las consecuencias de las decisiones adoptadas por su administración, considerando que fue él quien designó a Rabat como ministro de Justicia.
Además de exigir su salida, anunciaron que trabajarán en los fundamentos de una eventual acusación constitucional. Los partidos señalaron que revisarán los antecedentes jurídicos y dialogarán con otras fuerzas políticas antes de definir si presentan formalmente el libelo.
La oposición fijó el miércoles 28 de octubre como fecha para comunicar una definición conjunta sobre los pasos que seguirá en el Congreso. Hasta entonces, la acusación se mantiene en etapa de preparación y no constituye todavía una acción constitucional formalmente presentada.
La suspensión no revierte los beneficios ya concedidos
Uno de los puntos centrales de la controversia es que la medida anunciada por Justicia no anula automáticamente las rebajas de condena que ya fueron otorgadas.
La suspensión afecta la tramitación de nuevos decretos pendientes, pero el Gobierno no anunció la revocación de los beneficios anteriores ni detalló un mecanismo para revertirlos.
El Ejecutivo, además, comprometió una agenda legislativa para modificar el procedimiento de reducción de condenas por conducta intachable, revisar las causales de exclusión y establecer reglas temporales que determinen qué requisitos deben cumplir los postulantes. También anunció medidas para garantizar el derecho de las víctimas a ser oídas.
Junto con esos cambios, el Gobierno impulsará el proyecto que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, iniciativa que busca entregar a jueces la resolución de solicitudes relacionadas con reducciones de condena, libertad condicional y otros beneficios penitenciarios.
La controversia mantiene abierto el debate sobre la interpretación de las restricciones legales, las atribuciones del Ministerio de Justicia y la responsabilidad política por los decretos firmados. Mientras el Ejecutivo busca modificar la normativa, la oposición prepara una ofensiva parlamentaria que podría profundizar el conflicto entre La Moneda y el Congreso.
El Maipo
