El Servicio de Evaluación Ambiental resolvió que el proyecto no debe ingresar al SEIA, pese a las objeciones de organizaciones socioambientales. La iniciativa contempla una inversión de US$200 millones y el almacenamiento de casi 696 toneladas de diésel, en medio de cuestionamientos por sus posibles impactos sobre el entorno urbano.
El data center que Google proyecta construir en Cerrillos recibió luz verde para avanzar sin someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La decisión fue adoptada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región Metropolitana mediante una resolución fechada el 16 de octubre de 2026.
La iniciativa, presentada por la empresa Inversiones y Servicios Dataluna Ltda., filial vinculada a Google, considera una inversión estimada de US$200 millones y un terreno de aproximadamente 23 hectáreas en el sector de Camino a Lonquén.
La resolución no equivale a una autorización definitiva para construir ni exime a la empresa de obtener los demás permisos que correspondan. Sin embargo, permite que el proyecto no pase por una evaluación ambiental integral, instancia que contempla el análisis de sus impactos y, según el procedimiento aplicable, mecanismos de participación ciudadana.
La decisión vuelve a poner en discusión los cambios normativos que han facilitado que algunos centros de datos puedan tramitar sus proyectos fuera del SEIA, así como la capacidad de las comunidades para conocer y cuestionar anticipadamente sus posibles efectos ambientales.
Casi 700 toneladas de diésel sin evaluación ambiental integral
Uno de los aspectos cuestionados del proyecto es el almacenamiento de 695,9 toneladas de diésel, equivalentes a unos 814 mil litros, destinados principalmente a alimentar los sistemas electrógenos de respaldo.
El cambio reglamentario aplicado a este tipo de instalaciones elevó de 80 a 1.000 toneladas el umbral de almacenamiento de sustancias inflamables que puede gatillar el ingreso obligatorio al SEIA por esta causal. Como el proyecto de Cerrillos se mantiene por debajo de ese límite, el SEA determinó que no debe ingresar por esa vía.
La iniciativa contempla 44 grupos electrógenos diésel, con una potencia instalada conjunta de 120,25 megavatios, además de equipos de enfriamiento que funcionarán con aire. El proyecto también considera una conexión eléctrica subterránea con la subestación Chena.
El pronunciamiento del SEA evaluó las características presentadas por la empresa para determinar si se cumplían los criterios reglamentarios de ingreso al sistema. La resolución no supone que el proyecto carezca de impactos, sino que concluye que, según las tipologías y umbrales aplicables, no está obligado a someterse al procedimiento de evaluación ambiental.
El antecedente judicial del proyecto original
El nuevo proyecto tiene antecedentes que se remontan a 2019, cuando Google ingresó una iniciativa de centro de datos al sistema de evaluación ambiental.
En febrero de 2020 obtuvo una resolución de calificación ambiental favorable. Sin embargo, en 2024 el Segundo Tribunal Ambiental anuló parcialmente esa aprobación y ordenó corregir deficiencias relacionadas con la evaluación de los efectos del cambio climático y los antecedentes sobre el recurso hídrico.
Uno de los principales cuestionamientos al diseño original era el consumo de agua y su posible impacto sobre el Acuífero Santiago Central. Posteriormente, la empresa renunció a la autorización anterior y presentó una nueva propuesta con un sistema de enfriamiento por aire, en lugar de la extracción de agua subterránea contemplada inicialmente.
Google sostiene que se trata de un proyecto nuevo, con características modificadas. En cambio, organizaciones socioambientales han cuestionado que la iniciativa pueda tramitarse de esa forma, debido a las similitudes con el proyecto cuya aprobación fue parcialmente anulada por la justicia ambiental.
Organizaciones ambientales cuestionan la decisión
El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y el Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio (MOSACAT) habían solicitado que la iniciativa ingresara al SEIA, argumentando que sus características y antecedentes justificaban una evaluación completa.
Entre sus preocupaciones figuran los riesgos asociados al almacenamiento de combustible, las emisiones de los generadores de respaldo, el ruido y los posibles efectos sobre el entorno urbano, los suelos y los cuerpos de agua.
Las organizaciones también sostienen que una consulta de pertinencia no reemplaza una evaluación ambiental: se trata de un procedimiento destinado a determinar si un proyecto debe ingresar al sistema, pero no contempla el mismo análisis integral de impactos ni las instancias de participación ciudadana propias de ese proceso.
La resolución abre una nueva etapa de discusión administrativa. Según los antecedentes publicados sobre el caso, se contempló un plazo de cinco días para presentar recursos de reposición y jerárquicos, mientras que la Superintendencia del Medio Ambiente conserva sus facultades para requerir el ingreso de un proyecto al SEIA cuando corresponda.
Más centros de datos buscan operar sin ingresar al SEIA
El caso de Cerrillos se suma a una discusión más amplia sobre la expansión de los centros de datos en Chile y las exigencias ambientales que deben cumplir.
Una investigación de El Pincoyazo, citada por El Desconcierto, identificó otros cinco proyectos que consultaron al SEA si podían evitar el ingreso al sistema debido a que sus instalaciones quedarían bajo el umbral de almacenamiento de combustible. Las iniciativas se ubican en comunas como Puente Alto, Lampa, Buin y Valparaíso.
El debate no se limita a la cantidad de diésel almacenado. También involucra el consumo energético, la infraestructura eléctrica, el ruido y las características de los territorios donde se instalan estas instalaciones.
En Cerrillos, la decisión permite que el proyecto de Google avance sin una evaluación ambiental integral, pese a los cuestionamientos de organizaciones y comunidades. La discusión de fondo es si los criterios actuales de ingreso al SEIA permiten examinar adecuadamente los riesgos asociados a infraestructuras tecnológicas de gran escala en zonas urbanas.
El Maipo
