Hace un mes, el lunes 22 de mayo, un día después de las celebraciones de las glorias navales en la ciudad de Iquique, la jueza Verónica Opazo entregó la resolución que puso en prisión preventiva a cuatro marinos chilenos por el homicidio del ciudadano colombiano Milton Domínguez, tras la brutal paliza vista por todo Chile y el mundo.
De los señores C.A.G.S., B.B.F.M., S.M.P.N. y P.I.C.G. solo conocemos estas iniciales y que ahora ya no son miembros de las Armada. También sabemos que su prisión preventiva será cumplida en una unidad de la misma institución que los dio de baja precisamente por este hecho.
La justicia cuida sus identidades, presunción de inocencia seguramente, la siempre ausente para ciudadanos de a pie; la Marina cuida la seguridad de sus hijos, evitando que se mezclen con delincuentes, chilenos e inmigrantes en cárceles para pobres.
Para la Jueza Opazo, no se acreditó la alevosía que alegaba el Ministerio Público: “No hay una premeditación en orden a aprovecharse de la condición de la víctima”, aduciendo que la agresión no fue en consideración a la condición de discapacidad de la víctima, a pesar de que esa condición, objetivada en una pierna menos, podría ser observada a una cuadra de distancia. Este argumento significó que la jueza recalificara el delito de homicidio calificado por parte de la Fiscalía, a homicidio simple en su fallo.
A pesar que de todo el mundo observó atónito como cuatro marinos golpean hasta provocar la muerte de Milton, el fallo identifica que solo uno de los agresores, S.M.P.N., sería el autor principal: “En su caso estamos ante el autor de quien toma parte de ejecución del hecho de manera inmediata y directa”, dijo la jueza. “Actúa de manera mucho más violenta y repetitiva en cuanto a las agresiones a la víctima que los demás imputados”.
En cambio, los otros tres marinos serían autores menores, agrediendo en menor intensidad y cantidad de golpes a la víctima. “No se aprecia prácticamente ninguno de ellos haciendo alguna acción concreta, precisa y eficaz en orden de tratar de detener esta golpiza” señaló Opazo.
En resumen, el fallo eliminó de un paraguazo la calificación de homicidio calificado para los cuatro autores, quedando solo uno de ellos como autor principal de homicidio simple y los otros tres por delitos o participaciones menores relacionadas al hecho principal, el asesinato de Milton Domínguez.
Por otra parte, llama la atención cómo la jueza fundamenta su decisión: “Ya sabemos más o menos el contexto en que se gestó esto, qué fue lo que a ellos los impulsó en definitiva a actuar con esa rabia, con esa impotencia, porque le habrían robado sus cosas otros sujetos, porque los agredieron”.
¿Sabemos más o menos? ¿Le habrían robado sus cosas? Es decir, recalifica el delito a partir de cosas que se saben a medias o que ni siquiera se afirman, usando un verbo en condicional.
Este “saber más o menos” ha sido tomado por los medios de prensa y se ha presentado como información cierta, o al menos a confrontar con la entregada por la Fiscalía, al plantear que los marinos habían sido asaltados por un grupo de delincuentes, e incluso que Milton era el líder de ese grupo, minutos, no se dice cuántos, antes de la agresión que le causó la muerte.
Nada de esto está acreditado y es materia de la investigación. Si es que se acreditara, todavía faltaría mucho para afirmar que eso fuese siquiera un atenuante de un homicidio calificado y de la alevosía que todos pudimos ver en el registro.
Para la jueza Opazo “no estamos frente a un grupo de ex marinos que planearon salir a matar gente (…) queda claro más o menos lo que les sucedió y que en un acto de ímpetu (hicieron esto) que se les salió de las manos”.
“Es un grave error que ellos van a lamentar de por vida, muy probablemente, que no sólo ha tenido la repercusión de la lamentable pérdida de la vida de la víctima, sino que también han salido de la institución dados de baja producto de los graves hechos”, cerró Opazo.
Lo que les sucedió ¿a ellos? ¿a los marinos? Un acto de ímpetu, algo que se sale de las manos, un grave error que tiene como repercusión la pérdida de la vida. Entre tanto eufemismo, se reconoce su preocupación por la situación laboral de los ahora ex marinos que perdieron sus trabajos. Todas estas expresiones son de la jueza no de defensa de los imputados.
Todo parece indicar que una vez más se transita la ruta del encubrimiento, a través de la tergiversación y luego invisibilización en los medios, la relativización de la gravedad de los hechos y el olvido social. Esta ruta, sabemos todos, termina en la impunidad; ésta sigue pampeando para rotos, indios e inmigrantes.
Esperemos que al cumplirse los 120 días de investigación no estemos escuchando que ¡Aquí no ha pasado nada!
El Maipo
