Un decreto de la Dirección de Presupuestos redujo recursos del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, incluidos $274 millones destinados a programas de gestión del riesgo. La medida, firmada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, volvió al debate público tras la emergencia del jueves, mientras persisten los cuestionamientos por la ausencia de una alerta SAE.
El recorte presupuestario aplicado al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) quedó bajo escrutinio tras el aluvión que afectó a Las Condes el jueves 8 de octubre. Según informó The Clinic, una modificación presupuestaria impulsada por la Dirección de Presupuestos (Dipres) redujo en aproximadamente $918 millones los recursos asignados al organismo durante 2026.
La medida se formalizó mediante el decreto N.º 371, emitido en mayo y tomado de razón en julio, que contempló reducciones presupuestarias para distintas instituciones públicas. El documento contó con la firma del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y forma parte de los ajustes al gasto público de este año.
El ajuste incluyó $574 millones en bienes y servicios de consumo, $274 millones en programas de gestión del riesgo de desastres y cerca de $70 millones en gastos de personal, de acuerdo con el desglose publicado por The Clinic.
La reducción adquirió relevancia tras la emergencia en San Carlos de Apoquindo, que volvió a poner en discusión los recursos destinados a la prevención y la capacidad de los organismos públicos para anticipar situaciones de riesgo. No obstante, hasta ahora no se ha establecido que el recorte presupuestario haya incidido directamente en el desarrollo del aluvión.
Aluvión en Las Condes: cuestionamientos por ausencia de alerta SAE
La emergencia provocó el arrastre de vehículos y el ingreso de barro y escombros a distintos sectores de la comuna, además de afectar viviendas. Tras el evento, uno de los principales cuestionamientos apuntó a la ausencia de una alerta del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), herramienta que permite enviar mensajes a teléfonos celulares para advertir a la población y facilitar evacuaciones.
La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, explicó que el sistema no se activó porque el fenómeno ocurrió en un periodo muy breve.
“Este fue un evento súbito que sucedió en muy corto período de tiempo con un alto impacto”, señaló la autoridad, según consignó The Clinic.
Cebrián agregó que el sistema frontal había sido monitoreado y que se había informado previamente sobre las condiciones meteorológicas. Sin embargo, sostuvo que no hubo tiempo suficiente para anticipar las condiciones específicas que desencadenaron el aluvión.
La explicación abrió interrogantes sobre los mecanismos de monitoreo y comunicación de riesgos, especialmente en zonas expuestas a precipitaciones intensas y remociones en masa. La discusión también apunta a cómo se informa a las comunidades cuando un fenómeno puede desarrollarse con escaso margen de anticipación.
Senadora Fabiola Campillai solicitará explicaciones por la falta de alerta
Los cuestionamientos también llegaron desde el Congreso. La senadora Fabiola Campillai anunció que presentará un oficio para conocer las razones por las que no se activó el SAE y qué mecanismos de aviso se implementaron durante la emergencia.
“Ninguna familia debería enterarse de un aluvión cuando ya está encima”, sostuvo la parlamentaria, según la publicación de The Clinic.
La solicitud busca esclarecer qué criterios se consideraron para activar los sistemas de alerta y qué información estaba disponible antes de que el aluvión afectara a las zonas habitadas.
En paralelo, la Fiscalía Oriente anunció una investigación para determinar el origen del fenómeno y establecer eventuales responsabilidades. Según los antecedentes publicados, las diligencias contemplan la participación de equipos especializados de Carabineros para esclarecer las circunstancias de la emergencia.
Prevención de desastres y recursos públicos
El recorte presupuestario volvió a poner sobre la mesa la discusión acerca de las prioridades del gasto público y los recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres. La reducción incluyó fondos asociados a programas de prevención, aunque su alcance y sus efectos concretos deben examinarse a partir de los antecedentes presupuestarios y operativos correspondientes.
La coincidencia entre el ajuste de recursos y el aluvión no permite concluir que ambos hechos estén directamente relacionados. Sin embargo, el episodio plantea preguntas sobre cómo se distribuyen los recursos para prevenir emergencias, qué capacidades mantienen los organismos responsables y cómo se coordinan con los municipios y otros servicios públicos.
A esto se suman los cuestionamientos por la falta de una alerta SAE y la necesidad de esclarecer qué mecanismos de comunicación estaban disponibles durante el evento.
Mientras avanzan las investigaciones, la discusión se centra en conocer las circunstancias del aluvión, las decisiones adoptadas antes de la emergencia y el alcance de los ajustes presupuestarios aplicados a Senapred. Los antecedentes permitirán evaluar si las medidas de prevención y respuesta fueron suficientes frente a los riesgos que enfrentaba el sector.
El Maipo
