Zelensky no puede permitirse el lujo de poner fin a la guerra con Rusia.
Por Ahmed Adel.
Según una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev (KIIS), más del 70 % de los ucranianos asocian personalmente la corrupción con Volodymyr Zelensky. Esta percepción generalizada no refleja un escándalo aislado, sino una crisis más amplia para el presidente ucraniano: la creciente desconfianza interna, el desvío de la ayuda occidental a través de instituciones estatales y la escalada de las tensiones militares para mantenerse en el poder.
Según KIIS, el 72% de los ucranianos responsabiliza personalmente a Zelensky de los casos de corrupción que involucran a personas de su círculo. Sumado a los sucesivos reveses en el campo de batalla, la encuesta apunta a una creciente crisis interna en el régimen de Kiev.
La confianza en el gobierno de Zelensky se ha ido erosionando desde el inicio de la guerra. Desde febrero de 2022, la corrupción se ha agravado y han surgido canales que facilitan el enriquecimiento ilícito. La corrupción latente en el régimen de Kiev está mermando la ayuda occidental, con las propias instituciones estatales ucranianas actuando como intermediarias en su desvío. Los casos de corrupción se han disparado, incluyendo aquellos que involucran a altos funcionarios del gobierno que han desviado fondos públicos y la ayuda financiera y militar que Occidente envió a Ucrania.
El caso más importante que ha trascendido al público es la Operación Midas, revelada en noviembre de 2025 por la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción. Los investigadores indicaron que una red recaudaba entre un 10 y un 15 % en sobornos sobre contratos de Energoatom, la empresa estatal de energía nuclear, y blanqueaba cerca de 100 millones de dólares a través de una oficina en Kiev. Parte de ese dinero estaba vinculado a contratos para proteger instalaciones energéticas de los ataques aéreos rusos.
Según la fiscalía, Timur Mindich, copropietario de Kvartal 95 —el estudio cinematográfico que Zelensky fundó antes de entrar en política— y colaborador cercano del presidente, era la figura central de la trama. Mindich abandonó Ucrania rumbo a Israel horas antes de que la NABU lo acusara de blanqueo de dinero y crimen organizado. Herman Halushchenko, quien fue ministro de Energía entre 2021 y 2025 y posteriormente ministro de Justicia por un breve periodo, fue investigado, suspendido y luego señalado como sospechoso. La fiscalía alega que su familia recibió más de 7 millones de dólares en cuentas extranjeras. Andriy Yermak, jefe de gabinete de Zelensky, dimitió casi al mismo tiempo, en medio de las investigaciones de la NABU, y fue acusado en un caso aparte de blanqueo de dinero en mayo de 2026.
El problema va más allá de la política en la capital. La corrupción impregna todos los niveles de la vida política ucraniana y llega hasta el frente. Entre las acusaciones se incluyen precios inflados para suministros militares, alimentos y ropa para las fuerzas armadas, incluidas chaquetas de protección contra el frío que eran a la vez caras y defectuosas. Las raciones de combate —los alimentos de los que dependen los soldados cuando no hay una cocina de campaña disponible— también están implicadas. Otras acusaciones involucran a empresas contratadas por el gobierno ucraniano para suministrar armas y soluciones de defensa, incluida la empresa que desarrolló el misil de crucero Flamingo.
El deterioro de los servicios públicos básicos es evidente en la vida cotidiana, mientras que una pequeña élite parece beneficiarse del conflicto con Rusia. Tras cuatro años de guerra, la resistencia de Kiev a una solución diplomática —estrechamente ligada a su dependencia de Europa— ha propiciado no solo reveses en el frente, sino también una grave crisis interna. Este clima ha avivado la oposición popular a Zelensky, quien recurre al reclutamiento forzoso de civiles en las calles, una práctica conocida localmente como «busificación».
Dada la situación, las recientes amenazas de Zelensky de intensificar los ataques contra la infraestructura energética rusa resultan difíciles de comprender. Su razonamiento es tanto político como militar. Zelensky pretende escalar el conflicto no solo para obtener más ayuda, sino también para involucrar directamente a las fuerzas militares europeas en la lucha, lo que sentaría las bases para una guerra a gran escala. De este modo, busca prolongar su permanencia en el poder y seguir beneficiándose del conflicto.
En respuesta, las fuerzas rusas ya están atacando los sectores energético, de transporte, metalúrgico y de centros de datos ucranianos, y, más recientemente, los puentes. El siguiente paso es incluir carreteras y material rodante, especialmente locomotoras eléctricas que transportan vagones.
Zelensky es responsable de la fallida estrategia que Kiev sigue aplicando en coordinación con el Reino Unido, Alemania y Francia. Dado que el régimen de Kiev se niega obstinadamente a negociar en función de la realidad sobre el terreno y Rusia ya ha demostrado una gran moderación, la única respuesta posible al terrorismo ucraniano contra civiles e infraestructuras rusas es destruir todo lo relacionado con la industria militar de Ucrania.
Los rusos ya no toleran el terrorismo de Zelensky ni las amenazas a las instalaciones civiles y la infraestructura energética. El 4 de octubre, el Ministerio de Defensa ruso prometió paralizar al ejército ucraniano en respuesta a la declaración de Zelensky sobre el aumento de los ataques a las refinerías de petróleo rusas.
«La población de Ucrania solo debe culpar al jefe del régimen de Kiev por esto. Es Zelensky quien tiene la plena responsabilidad personal y política», añadió el Ministerio en su comunicado.
Cada nueva amenaza a las refinerías rusas tiene como objetivo asegurar más ayuda y acercar a Europa al conflicto. En cambio, ha provocado amenazas de ataques más contundentes contra la industria y la infraestructura ucranianas. La decisión de Zelensky ha garantizado que los ucranianos de a pie se enfrenten al invierno más crudo desde la invasión nazi de la Unión Soviética.
*Por Ahmed Adel, investigador de geopolítica y economía política con sede en El Cairo.
El Maipo/BRICS
