Ministra Chomali pone en duda esperas de 73 horas detectadas por Contraloría en pacientes de riesgo vital

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La ministra de Salud cuestionó los registros que muestran demoras de hasta 73 horas y 41 minutos para pacientes categorizados como C1 en hospitales de la Región Metropolitana. El informe de Contraloría, elaborado con datos de los propios servicios, detectó 2.417 casos de riesgo vital atendidos fuera de los tiempos establecidos.

La ministra de Salud, May Chomali, puso en duda uno de los principales hallazgos de un informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre los tiempos de atención en los servicios de urgencia de la Región Metropolitana.

El organismo fiscalizador detectó que pacientes categorizados como C1, es decir, con riesgo vital, registraron esperas de hasta 73 horas y 41 minutos para recibir una primera atención médica. La revisión consideró información entregada por los propios servicios de salud y abarcó el período entre enero de 2024 y mayo de 2025.

Frente a estos antecedentes, Chomali afirmó que le parece “bastante difícil de creer” que una persona clasificada como de alto riesgo haya permanecido ese tiempo esperando atención.

Chomali apunta a posibles problemas de registro

Desde La Moneda, la secretaria de Estado explicó que el tiempo utilizado por Contraloría se obtiene a partir de los registros de ingreso y de atención de los pacientes.

Según Chomali, podría existir un desfase entre el momento en que una persona fue efectivamente atendida y la hora en que esa atención quedó registrada en el sistema.

“Muchas veces ocurre que uno no pone la hora en que lo atendió, sino la hora en que está haciendo el registro”, sostuvo la ministra.

A juicio de la autoridad, esta situación podría explicar parte de las diferencias detectadas y por ello la Subsecretaría de Redes Asistenciales ordenó revisar los casos individualmente para determinar si corresponden a problemas de registro, clasificación o efectivamente a demoras en la atención.

Chomali también planteó que podría existir algún error en la categorización inicial del paciente, aunque recalcó que si una persona efectivamente fue clasificada como C1 y permaneció más de 70 horas sin atención, la situación tendría que ser corregida.

Contraloría detectó 2.417 pacientes C1 fuera de plazo

El informe de la Contraloría revisó la oportunidad de la primera atención médica en las unidades de urgencia de la red hospitalaria de la Región Metropolitana.

De acuerdo con los resultados, 2.417 pacientes clasificados como C1 fueron atendidos fuera de los tiempos establecidos. A ellos se suman 140.620 pacientes categorizados como C2, correspondientes a personas de alto riesgo, que también recibieron atención fuera de los plazos máximos.

Las diferencias también fueron importantes en otras categorías. Los registros examinados por el organismo muestran esperas máximas de 84 horas y 45 minutos para pacientes C2, mientras que en categorías de menor gravedad se registraron casos que superaron incluso las 100 horas.

Según las orientaciones técnicas del Ministerio de Salud citadas en el informe, los pacientes C1 requieren atención inmediata, mientras que los C2 deben recibirla dentro de los primeros 30 minutos.

La ministra reconoce que también existen problemas de capacidad

Más allá de la discusión sobre los registros, Chomali reconoció que existen problemas de disponibilidad de camas y capacidad hospitalaria que pueden contribuir a las demoras en los servicios de urgencia.

La ministra explicó que algunos pacientes que ya no requieren hospitalización permanecen ocupando camas, lo que reduce los cupos disponibles para quienes llegan desde las urgencias.

“Todo es un círculo que hay que gestionar en todas sus dimensiones”, sostuvo, planteando que la solución no necesariamente pasa únicamente por aumentar el número de camas, sino también por descongestionar aquellas que permanecen ocupadas por pacientes que podrían continuar su atención fuera del hospital.

Los registros deberán ser verificados

El informe de Contraloría establece que los servicios de salud deberán verificar los tiempos informados en sus sistemas y, especialmente en los casos de mayor gravedad, determinar si las demoras efectivamente ocurrieron.

En caso de confirmarse los tiempos registrados, el organismo plantea que deberán adoptarse las medidas correspondientes, incluyendo la eventual instrucción de procedimientos disciplinarios.

De esta forma, la controversia abierta por las declaraciones de Chomali no se reduce únicamente a determinar si un paciente permaneció efectivamente 73 horas esperando en una sala de urgencia: también pone bajo la lupa la calidad de los registros, los procesos de categorización y la capacidad de la red pública para responder oportunamente a pacientes de mayor gravedad.

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