(Quito) Representantes de bares, discotecas y otros negocios vinculados a la actividad nocturna anticipan hoy pérdidas económicas por el nuevo toque de queda que comenzará desde el próximo viernes en cuatro provincias de Ecuador.
El Gobierno anunció la restricción del 17 al 30 de septiembre, entre las 00:00 y las 05:00 (hora local), en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.
Patricio Pareja, presidente de Centros de Diversión Nocturna, dijo al canal Ecuavisa que las restricciones aplicadas anteriormente durante marzo y mayo representaron 30 días de limitaciones para el sector y provocaron una reducción de 50 por ciento en sus ingresos.
“Por cada toque de queda hubo unos 600 mil dólares de pérdidas entre todos nuestros gremios”, señaló Pareja, quien aclaró que la cifra es un promedio debido a que algunos establecimientos pudieron mantener parcialmente sus actividades.
El impacto también alcanza a meseros, guardias, cocineros, disc jockeys y trabajadores de logística, muchos de los cuales reciben sus ingresos por día o por horas y carecen de un salario mensual fijo.
“No estamos en contra de la medida. Estamos proponiendo ahora que haya un toque de queda focalizado en los sectores que son más difíciles, vulnerables”, explicó Pareja.
El ministro del Interior, John Reimberg, justificó la medida por razones de seguridad y aseguró que durante su vigencia se intensificarán las operaciones contra estructuras criminales.
El funcionario precisó que durante esas horas únicamente podrán circular personal de primera respuesta, trabajadores sanitarios, equipos de atención de emergencias, fiscales y abogados acreditados para audiencias de flagrancia.
La medida constituye el segundo toque de queda aplicado este año en las cuatro provincias.
Desde enero de 2024, ante una ola de violencia en calles y cárceles, el presidente Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno que propició la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
A pesar de esa y otras medidas que incluyen más de 30 estados de excepción y despliegue de uniformados, persiste la expansión del crimen organizado y entre enero y julio de este año el número de homicidios llegó casi a cinco mil, según datos oficiales.
En ese contexto, organizaciones internacionales de derechos humanos presentaron un informe que alerta sobre el deterioro de las garantías democráticas y la criminalización de la sociedad civil en Ecuador en el contexto de la militarización de la seguridad.
El Maipo/PL
