El Ejecutivo decidió retirar la urgencia de la iniciativa tras recibir críticas de la oposición y sectores del oficialismo. El Gobierno evalúa reducir el nuevo estado de excepción y modificar otros puntos cuestionados.
El Gobierno decidió retirar la urgencia legislativa de la reforma de Seguridad y abrir una etapa de negociación para introducir cambios al proyecto. La decisión busca destrabar una iniciativa que ha encontrado reparos tanto en la oposición como dentro de sectores de la propia centroderecha.
El anuncio se produce luego de las críticas formuladas por parlamentarios como el senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke, quien sostuvo que la propuesta “raya en lo iliberal”. Desde Renovación Nacional también han surgido cuestionamientos sobre algunos aspectos del proyecto.
La definición del Ejecutivo implica que la reforma dejará, por ahora, de ser el principal foco de la agenda de seguridad en el Senado. El Gobierno pretende avanzar en otros proyectos mientras revisa el contenido de la iniciativa constitucional.
Gobierno analiza cambios al estado de excepción
Uno de los principales puntos en revisión es el nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública. La propuesta contempla actualmente un período de hasta 240 días sin control del Congreso.
Entre las alternativas que analiza el Ejecutivo aparece reducir ese plazo a 30 días. Otra opción contempla que las renovaciones posteriores requieran la aprobación del Parlamento.
También se estudia descartar este nuevo estado de excepción y modificar el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que ya existe y que se aplica, entre otros lugares, en la Macrozona Sur.
Otro punto bajo revisión es la pérdida de beneficios sociales asociada a determinadas conductas. Esta medida ya había generado críticas durante la discusión del proyecto de Escuelas Protegidas.
El Ejecutivo también evalúa cambiar la forma en que se determinaría la pertenencia a organizaciones criminales. Una de las opciones es entregar esa decisión al Poder Judicial.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, confirmó que el Gobierno retirará la urgencia para permitir una discusión más amplia.
“Vamos a retirar la urgencia de la reforma para tener una amplia discusión”, señaló.
Gobierno busca acuerdos en el Senado
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se reunirá este lunes con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, para revisar el calendario legislativo.
El objetivo será ordenar las prioridades y concentrar el trabajo en proyectos que tengan mayores posibilidades de avanzar.
El biministro del Interior, Claudio Alvarado, también respaldó la posibilidad de introducir modificaciones. A su juicio, el Congreso debe tener espacio para mejorar la propuesta y construir acuerdos que permitan aprobarla.
Desde el socialismo democrático, sin embargo, cuestionan que el Gobierno haya optado por llevar parte de la discusión al ámbito constitucional.
El senador socialista Juan Luis Castro afirmó que no sería necesario modificar la Constitución para avanzar en nuevas herramientas de seguridad. Además, criticó algunas de las facultades contempladas en la iniciativa.
Críticas desde la centroderecha
Los reparos también han surgido desde sectores de oposición que respaldan una agenda más dura en seguridad.
Cruz-Coke calificó la reforma como una iniciativa que “raya en lo iliberal” y cuestionó que sea necesario modificar la Constitución para avanzar en esta materia.
El senador RN Andrés Longton, en cambio, planteó que el principal problema está en la construcción del proyecto. A su juicio, la iniciativa podría acotarse y concentrarse en fortalecer las herramientas que ya existen.
Longton sostuvo que el nuevo estado de excepción podría terminar siendo más limitado o incluso reemplazado por modificaciones al mecanismo vigente.
Reglas de Uso de la Fuerza toman protagonismo
Con la reforma constitucional en pausa, el Gobierno pretende dar prioridad a otros proyectos de seguridad que se encuentran en el Congreso.
Entre ellos aparecen las Reglas de Uso de la Fuerza y la denominada ley antibarricadas 2.0.
La estrategia apunta a evitar que la discusión sobre la reforma constitucional termine bloqueando el resto de la agenda de seguridad.
Bianchi adelantó que la comisión buscará ordenar el debate y concentrarse en los proyectos de ley que ya están en tramitación.
El escenario abre ahora una etapa de negociaciones entre el Ejecutivo y los distintos sectores políticos. El Gobierno deberá decidir qué modificaciones está dispuesto a incorporar para recuperar respaldo parlamentario y evitar que una de sus principales iniciativas de seguridad quede estancada.
El Maipo
