La iniciativa busca crear un nuevo estado de excepción de hasta 120 días, ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas y establecer una nómina de organizaciones criminales. La propuesta ya genera reparos entre parlamentarios oficialistas y de oposición.
La nueva reforma de seguridad impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast comenzó su tramitación en el Senado. La iniciativa forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y busca ampliar las herramientas del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales.
El proyecto ingresó con suma urgencia, pero su discusión ya enfrenta dificultades. Parlamentarios de distintos sectores han cuestionado especialmente la creación de un nuevo estado de excepción y el alcance de las facultades que tendría el Ejecutivo.
La propuesta deberá ser analizada por las comisiones de Constitución, Defensa y Seguridad Pública antes de llegar a la Sala del Senado.
Nuevo estado de excepción podría durar hasta 240 días
Uno de los principales cambios que propone la reforma es crear un Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública.
Esta figura podría aplicarse cuando exista una amenaza grave para la seguridad pública. El Presidente tendría la facultad de determinar las zonas específicas donde se aplicaría.
A diferencia de los estados de excepción actuales, la medida podría utilizarse en territorios más pequeños, como determinados barrios o sectores afectados por organizaciones criminales.
El proyecto establece una duración inicial de hasta 120 días. El Gobierno podría extenderla por otros 120 días. Para nuevas prórrogas, necesitaría la autorización del Congreso.
Durante su aplicación se podrían restringir derechos como la libertad personal, la libertad de desplazamiento y el derecho de reunión. La propuesta también contempla restricciones al derecho de asociación y facultades para registrar documentos y comunicaciones.
Este punto es uno de los que genera mayor preocupación entre los parlamentarios.
El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke cuestionó que el Ejecutivo pueda mantener estas facultades durante un periodo tan extenso sin una autorización parlamentaria inmediata.
Desde el oficialismo también han surgido reparos. La discusión, por lo tanto, no se limita a la oposición.
¿Qué papel tendrán las Fuerzas Armadas?
La reforma también contempla una mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
El proyecto establece que un oficial general quedaría a cargo de la zona sometida al nuevo estado de excepción. Sin embargo, el texto no determina expresamente si deberá pertenecer a las Fuerzas Armadas o a Carabineros.
El Gobierno sostiene que los militares no reemplazarán las funciones policiales. Su participación estaría orientada a tareas como el resguardo de infraestructura y el control territorial.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, ha defendido la iniciativa y señaló que las intervenciones deben ser temporales y contar con mecanismos de control.
Seguridad pública como deber del Estado
Otro de los cambios planteados consiste en incorporar expresamente la seguridad pública como un deber constitucional del Estado.
El Ejecutivo busca que esta obligación comprometa a las distintas instituciones públicas y no dependa solamente de las prioridades del gobierno de turno.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, respaldó esta idea durante la presentación de la iniciativa.
Sin embargo, también existen dudas sobre la necesidad de incorporar este concepto a la Constitución, considerando que actualmente existen normas que ya establecen responsabilidades del Estado en materia de seguridad y orden público.
Registro de organizaciones criminales
El proyecto también propone crear una nómina oficial de organizaciones criminales y terroristas.
La idea es que determinadas organizaciones puedan ser identificadas previamente por el Estado. De esta forma, las investigaciones penales podrían concentrarse en determinar la participación de una persona dentro de esas estructuras y los delitos que habría cometido.
La nómina sería elaborada por el Ejecutivo y estaría sometida a control del Senado.
La iniciativa también busca fortalecer las herramientas para rastrear, congelar e incautar bienes y recursos relacionados con el crimen organizado.
También hay dudas por beneficios estatales
Otro punto que genera discusión corresponde a las posibles restricciones para personas condenadas por delitos relacionados con el terrorismo o el crimen organizado.
Los primeros planteamientos consideraban limitar determinados beneficios estatales. Sin embargo, el proyecto que ingresó al Congreso dejó esta materia para una futura ley de quórum calificado.
El Gobierno ha señalado que se mantendrían las prestaciones consideradas esenciales, pero parlamentarios oficialistas han pedido mayor claridad sobre el alcance de estas restricciones.
Gobierno necesita apoyo para aprobar la reforma
La reforma constitucional necesita el respaldo de cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio.
Esto obliga al Gobierno a buscar acuerdos más allá de su propio sector. De hecho, parlamentarios de RN, Evópoli y sectores independientes ya han manifestado reparos a algunos aspectos de la propuesta.
El senador Andrés Longton cuestionó que el proyecto no haya sido suficientemente discutido con las bancadas antes de su ingreso.
Desde Evópoli también se ha advertido sobre el riesgo de entregar demasiadas atribuciones al Ejecutivo.
El senador Matías Walker adelantó sus reparos al diseño actual del estado de excepción, mientras que Johannes Kaiser también pidió modificaciones antes de comprometer su respaldo.
Desde la oposición de izquierda, en tanto, las críticas apuntan principalmente a la amplitud de las facultades que podría asumir el Ejecutivo y al impacto que estas podrían tener sobre derechos fundamentales.
Un debate que recién comienza
La discusión en el Senado tendrá ahora un periodo de revisión antes de llegar a la Sala.
El Gobierno ya ha señalado que está disponible para analizar modificaciones al proyecto.
El debate, por lo tanto, no solo estará centrado en cómo enfrentar al crimen organizado, sino también en qué atribuciones puede recibir el Estado, cuánto tiempo pueden mantenerse y qué controles democráticos deben existir sobre ellas.
El Maipo
