Greenpeace manifestó su preocupación por el avance de la denominada megarreforma en el Congreso, señalando que el proyecto ha sido tramitado con escaso tiempo para el análisis técnico y jurídico, lo que, a juicio de la organización, podría afectar la calidad de la legislación y debilitar la protección ambiental en el país.
Mediante una declaración pública, la organización sostuvo que la discusión parlamentaria se desarrolló bajo una dinámica acelerada y criticó que el Ejecutivo ingresara indicaciones de última hora, situación que, según indicó, dificultó un debate informado sobre materias de alta complejidad.
La entidad también hizo referencia a la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde parlamentarios de oposición abandonaron la instancia tras cuestionar el ingreso de nuevas indicaciones fuera de plazo y la falta de espacios para discutir su contenido.
Cuestionamientos a normas sobre salmonicultura y evaluación ambiental
Entre las principales observaciones, Greenpeace manifestó inquietud por las disposiciones relacionadas con la salmonicultura, especialmente aquellas que permitirían microrelocalizaciones y relocalizaciones de concesiones en áreas protegidas.
Según la organización, estas modificaciones carecerían de antecedentes técnicos suficientes para evaluar sus efectos sobre los ecosistemas y no existiría claridad respecto de las concesiones que podrían acogerse a estos mecanismos.
Asimismo, advirtió sobre la posibilidad de trasladar concesiones salmoneras desde parques nacionales hacia otras áreas protegidas, indicando que este tipo de medidas debería considerar el historial ambiental de las empresas involucradas y la capacidad de carga de los territorios receptores.
Críticas a cambios en la institucionalidad ambiental
Greenpeace también cuestionó las modificaciones propuestas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), particularmente la eliminación del mecanismo que permite invalidar Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) favorables cuando existan cuestionamientos sobre su legalidad.
La organización expresó además su rechazo a la denominada “indemnización por falta de servicio”, mecanismo que contempla compensaciones económicas cuando una RCA sea anulada por la justicia. A juicio de la entidad, esta figura podría desincentivar el control judicial y privilegiar los intereses económicos de las empresas por sobre la correcta aplicación de la normativa ambiental.
En este contexto, recordó que parlamentarios de oposición ya anunciaron su intención de recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar parte de estas disposiciones.
Llamado al Senado
Finalmente, Greenpeace llamó a la ciudadanía a informarse sobre el contenido del proyecto y solicitó que las próximas etapas de la discusión legislativa se desarrollen con mayor transparencia, participación y respaldo técnico.
La organización sostuvo que el país requiere una legislación que combine desarrollo económico con protección ambiental y afirmó que las decisiones sobre el patrimonio natural deben adoptarse mediante procesos de deliberación amplios y fundamentados en evidencia científica.
El Maipo
