La exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, presentó una solicitud formal ante la Contraloría General de la República para que se reconsidere el dictamen que cuestionó la legalidad de una gestión realizada durante su paso por el ministerio, relacionada con la petición de información reservada a la Policía de Investigaciones (PDI).
El recurso, contenido en un documento de 26 páginas dirigido a la contralora Dorothy Pérez, sostiene que la resolución contiene errores de derecho y vicios en su elaboración, además de advertir que podría ser utilizada como fundamento para impulsar una eventual acusación constitucional en su contra.
Entre los principales argumentos, Steinert cuestiona que el origen del procedimiento haya sido una filtración de información reservada.
“Se pretende invocar como fundamento de responsabilidades ulteriores, incluida una eventual acusación constitucional”, sostiene el documento presentado por la exsecretaria de Estado.
Asimismo, la exministra afirma que la Contraloría fue más allá de sus facultades al emitir un juicio sobre la conveniencia de sus actuaciones y no limitarse únicamente al control de legalidad.
También defiende que sí contaba con atribuciones para solicitar antecedentes de carácter reservado y rechaza que su antigua función como fiscal constituyera un motivo suficiente para inhabilitarse en este procedimiento.
El origen del conflicto
La controversia se remonta al 1 de julio, cuando la Contraloría respondió un requerimiento que revisó la legalidad del oficio reservado N°28, emitido por Steinert el 13 de marzo de 2026, apenas dos días después de asumir el Ministerio de Seguridad Pública.
En ese documento, la entonces ministra solicitó información a la PDI sobre funcionarios vinculados a una investigación penal en desarrollo.
Tras analizar los antecedentes, el organismo fiscalizador concluyó que la actuación de la exautoridad excedió las competencias que la legislación entrega al cargo.
Según el dictamen, la solicitud realizada por Steinert “no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención”.
El caso también estuvo vinculado a la salida de la entonces prefecta general de la PDI, Consuelo Peña, quien mantenía una relación profesional previa con Steinert cuando esta se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá, situación que generó cuestionamientos sobre las circunstancias de su retiro.
El Maipo
