El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucionales diversas disposiciones contenidas en el proyecto de ley sobre convivencia escolar, conocido como “Escuelas Protegidas”, en una decisión que representa un revés para el Gobierno y obliga a reformular aspectos relevantes de la iniciativa.
Entre las normas objetadas se encuentra la facultad que permitía a funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones realizar revisiones de vestimentas y pertenencias de estudiantes al interior de establecimientos educacionales sin autorización previa del Ministerio Público.
La medida contemplaba que estas inspecciones pudieran efectuarse a petición de los propios recintos educacionales cuando existieran antecedentes que hicieran presumir la comisión de un delito. Sin embargo, el TC concluyó que dicha atribución excedía los límites establecidos por la Constitución.
Otro de los puntos rechazados por el organismo fue la disposición que impedía acceder o mantener el beneficio de gratuidad en la educación superior a personas condenadas por determinados delitos, estableciendo además una inhabilidad de cinco años.
Según el fallo, esta restricción también vulneraba principios constitucionales, por lo que no podrá formar parte de la legislación definitiva.
La resolución afecta además otras normas vinculadas a convivencia escolar, causales de expulsión de estudiantes y restricciones asociadas al sistema de admisión, las que fueron cuestionadas total o parcialmente por el Tribunal debido a su alcance.
Tras conocerse la decisión, la ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló que el Ejecutivo analizará los fundamentos jurídicos del fallo antes de determinar eventuales modificaciones al proyecto. “Nuestro objetivo sigue siendo el mismo”, afirmó la secretaria de Estado.
La ministra sostuvo además que, pese a las observaciones realizadas por el Tribunal Constitucional, la iniciativa mantiene avances importantes en materia de seguridad y convivencia dentro de las comunidades educativas. “Estamos más adelante de lo que estábamos antes de esta ley”, agregó.
Oposición celebra fallo del Tribunal Constitucional
La resolución del Tribunal Constitucional fue valorada por parlamentarios de oposición, quienes sostuvieron que varias de las disposiciones impugnadas vulneraban derechos fundamentales de estudiantes y excedían los límites establecidos por la Constitución.
La diputada Ana María Gazmuri afirmó que el fallo confirmó las advertencias realizadas durante la discusión del proyecto. Según señaló, el Tribunal declaró inconstitucionales normas que permitían revisiones de mochilas y vestimentas sin orden fiscal, que establecían nuevas causales de expulsión y que condicionaban el acceso a la gratuidad en la educación superior.
En la misma línea, el diputado César Valenzuela sostuvo que el proyecto “quería convertir a las escuelas en comisarías” y valoró que el TC acogiera parte de las objeciones presentadas durante la tramitación legislativa.
También se pronunciaron las diputadas Gael Yeomans y Emilia Schneider, quienes destacaron que la decisión del Tribunal obliga al Ejecutivo a revisar los artículos observados antes de continuar con la tramitación de la iniciativa.
Desde la oposición insistieron en que las políticas de convivencia escolar deben resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y cuestionaron el enfoque de algunas de las medidas impulsadas por el Gobierno en materia de seguridad al interior de los establecimientos educacionales.
La decisión del Tribunal Constitucional obliga ahora al Ejecutivo y al Congreso a revisar los aspectos observados antes de continuar con la tramitación definitiva de la iniciativa.
El Maipo
