Una nueva controversia comercial se abrió entre Chile y Estados Unidos luego de que la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR) propusiera aplicar un arancel adicional de 12,5% a productos provenientes de Chile y otras economías investigadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
La iniciativa surge tras una investigación iniciada en marzo de este año, en la que Washington concluyó que Chile se encuentra entre los países que no han implementado ni aplicado de forma efectiva prohibiciones a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. Según el organismo estadounidense, esta situación genera condiciones de competencia desiguales para los trabajadores y empresas de ese país.
La propuesta incluye a 60 economías y establece dos categorías. Los países que cuentan con mecanismos parciales o compromisos para combatir este tipo de importaciones enfrentarían un arancel de 10%, mientras que aquellos que, según la USTR, no disponen de herramientas suficientes quedarían sujetos a una tarifa de 12,5%, grupo en el que fue incluido Chile.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, defendió la iniciativa señalando que “la falta de acción de nuestros socios comerciales más importantes para abordar la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso es inaceptable”, argumentando que ello obliga a los trabajadores estadounidenses a competir en condiciones desventajosas.
Desde el Gobierno chileno buscaron bajar el tono a la situación. El canciller Francisco Pérez Mackenna afirmó que se trata de una recomendación que aún no tiene carácter vinculante y recordó que el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos continúa vigente.
“Entendemos que es una recomendación no vinculante. Nosotros seguiremos negociando y tenemos un Tratado de Libre Comercio y muy buenas relaciones”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores.
La Cancillería agregó que la propuesta se encuentra actualmente en etapa de consulta pública y análisis, por lo que todavía deberá pasar por nuevas instancias antes de una eventual aplicación. El proceso contempla la recepción de observaciones escritas hasta el 6 de julio y una audiencia pública programada para el 7 de julio en Estados Unidos.
De concretarse, la medida podría afectar a distintos sectores exportadores chilenos que tienen en Estados Unidos uno de sus principales mercados, aunque por ahora el escenario sigue abierto y sujeto a modificaciones durante el proceso de revisión.
El Maipo
