(La Paz) El presidente boliviano, Rodrigo Paz, tiene hoy las manos libres para decretar el estado de excepción sin requisitos limitantes en la represión contra quienes exigen su renuncia en bloqueos y marchas, tras promulgar la Ley 1732.
La noche de este martes, casi inmediatamente tras la sanción en la Cámara de Diputados de la 1732, Paz concretó la promulgación de esta norma, que ya está publicada en la Gaceta Oficial.
“Se abroga la Ley número 1341 de 23 de julio de 2020, de Estados de Excepción”, expresa el artículo de la normativa que fue respaldada por más de dos tercios del Senado —cámara de origen— y sancionada, igualmente, por más del 66 por ciento del voto de los diputados.
Esta promulgación acontece cuando tras el llamado de la Central Obrera Boliviana el 1 de mayo, convergen en ininterrumpidas movilizaciones que exigen la renuncia de Paz los participantes en la Marcha por la Vida procedentes de Oruro, afines al expresidente Evo Morales; integrantes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto; mineros, campesinos Ponchos Rojos; trabajadores fabriles, maestros y gremiales.
La Ley 1341 nació de un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que tras una investigación dictaminó que hubo masacres tras el derrocamiento del Gobierno de Evo Morales en 2019 en Senkata, Sacaba, Huayllani y el Pedregal, con saldo de 37 muertes.
Era complementaria de los artículos 138, 139 y 140 de la Constitución Política del Estado, los cuales en su cuerpo legal indican el proceder de las autoridades estatales hacia la declaratoria de un Estado de excepción.
Dentro de otras limitantes para el poder, establecía que las Fuerzas Armadas solo pueden salir cuando el potencial de la Policía es rebasado, y ni unos ni otros serán eximidos de responsabilidad penal ni disfrutarán de impunidad.
Como antecedente directo, la Ley 1341 tuvo el decreto supremo 4078 (conocido como “de la muerte”), rubricado por la gobernante Jeanine Áñez cinco días después del derrocamiento del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, que exoneraba de toda responsabilidad penal a policías y militares por cualquier exceso en la represión contra quienes reclamaban con sus protestas el restablecimiento del orden constitucional.
Resultado directo de esta decisión fueron los acontecimientos de Sacaba, Senkata, Huayllani y el Pedregal, con saldo de 37 muertos, centenares de heridos, miles de detenidos ilegalmente y torturados.
El GIEI, formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, investigó esta crisis y dictaminó que en Sacaba, Senkata, Huayllani y el Pedregal los represores cometieron masacres.
Para impedir estos excesos, en 2020 la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la Ley 1341.
El Maipo/PL
