La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este sábado uno de los puntos más debatidos del proyecto de sala cuna universal, iniciativa que busca ampliar el acceso al beneficio a trabajadores dependientes e independientes. Sin embargo, el avance legislativo quedó inmediatamente tensionado por la decisión del Gobierno de acudir al Tribunal Constitucional (TC).
El artículo 9 bis fue respaldado por 82 votos a favor, 48 en contra y 24 abstenciones, permitiendo extender el derecho más allá de la actual restricción que obliga a las empresas con al menos 20 trabajadoras a otorgar el beneficio.
Tras la votación, el Ejecutivo y algunos parlamentarios presentaron una reserva de constitucionalidad, mecanismo que habilita la revisión del proyecto por parte del TC ante eventuales infracciones a la Carta Fundamental.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la postura del Gobierno y cuestionó el impacto financiero de la norma aprobada.
“El Gobierno, el ministro de Hacienda, hace reserva de constitucionalidad por afectar las finanzas públicas. Contraviene nuestra Constitución y la potestad del Ejecutivo en materia de administración del Estado y responsabilidad por las finanzas públicas”, sostuvo el secretario de Estado.
La reforma propone un sistema de financiamiento a través de un Fondo de Sala Cuna administrado por el Instituto de Previsión Social y el Servicio de Tesorerías. El mecanismo sería financiado mediante una cotización patronal equivalente al 0,3% de las remuneraciones imponibles, además de aportes fiscales, intereses y recursos provenientes de multas.
El proyecto también establece que los recursos serán transferidos directamente a establecimientos autorizados por el Estado e inscritos en un registro especial.
En cuanto a su implementación, la iniciativa contempla una entrada en vigencia gradual. Durante el primer año, el beneficio cubriría a trabajadoras y cuidadores exclusivos de menores de dos años, mientras que desde el segundo año se extendería al conjunto de trabajadores contemplados por la normativa.
Además, el texto incluye sanciones para quienes entreguen antecedentes falsos con el objetivo de acceder indebidamente a los recursos, obligando a la restitución de los montos reajustados y exponiendo a los responsables a penas contempladas en el Código Penal.
El Maipo
