Una indicación del Ejecutivo que busca obligar a centros asistenciales y educativos a reportar a migrantes en situación irregular ha provocado un fuerte rechazo. La Ministra de Salud y el Superintendente del ramo advierten que la medida vulnera la legislación vigente, mientras el presidente Kast defiende la iniciativa.
Una profunda controversia política e institucional se ha desatado en el país tras la propuesta del Gobierno para que recintos de salud y educación entreguen información sobre la población migrante al Servicio Nacional de Migraciones. La Defensoría de la Niñez, junto a altas autoridades del sector salud, han advertido de manera tajante que esta medida infringe las leyes nacionales e internacionales y pone en severo riesgo los derechos fundamentales de los menores.
Defensoría alerta por vulneración de derechos y riesgos de seguridad
A través de un comunicado oficial, la Defensoría de la Niñez calificó la decisión del Ejecutivo como “preocupante”, señalando que viola de forma directa la Ley sobre Garantías y Protección Integral, así como la Convención sobre los Derechos del Niño.
De aplicarse la indicación —presentada formalmente por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez—, instituciones como hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles pasarían a ser percibidos por las familias como centros de fiscalización migratoria.
Según la Defensoría, el temor generado por esta medida podría provocar un ausentismo crítico:
“Ese solo temor puede provocar que niños, niñas y adolescentes dejen de asistir a controles médicos, a campañas de vacunación, a la atención de urgencia y espacios educativos o de protección, lo cual afectará directamente sus derechos”.
Asimismo, el organismo alertó que excluir a la niñez del acceso a estas garantías básicas podría propiciar un contacto temprano con la delincuencia y aumentar la vulnerabilidad de los menores ante el reclutamiento por parte del crimen organizado.
Ministra de Salud se desmarca del Gobierno y defenderá el secreto médico
En un hecho que evidencia las tensiones internas en el gabinete, la ministra de Salud, May Chomali, marcó explícitamente distancia de la propuesta de Interior, manifestando su preocupación y asegurando que la postura del sector salud se mantendrá firme en el respeto a la legalidad.
En declaraciones a Radio 13c, Chomali argumentó que los datos recabados en los recintos asistenciales se dan estrictamente bajo un contexto de atención sanitaria, por lo que están protegidos por el Código Sanitario y la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes. “Eso lo vamos a defender absolutamente”, enfatizó la secretaria de Estado, agregando que esta postura ya ha sido planteada al interior del Comité de Ministros.
La ministra también subrayó el grave peligro sanitario que implicaría desincentivar la asistencia médica por razones migratorias:
- Riesgo humanitario: No se puede negar la asistencia médica porque se pondría en riesgo la vida del paciente.
- Riesgo epidemiológico: “Un niño migrante irregular no vacunado es un riesgo de muerte para ese niño, pero también es un riesgo de contagio para otros niños chilenos”, explicó Chomali.
Por su parte, el Superintendente de Salud, Fernando Riveros, respaldó la postura técnica de la ministra al declarar a la prensa que el ordenamiento jurídico chileno prioriza la privacidad del paciente y el acceso a la salud por sobre el control migratorio. Riveros recordó que la obligatoriedad de otorgar atención médica de urgencia, sin condicionamiento de ningún tipo, está firmemente resguardada por la ley.
Presidente Kast defiende la medida y propone presencia policial
Pese a las advertencias del sector salud y de los organismos de protección de la infancia, el presidente José Antonio Kast salió en defensa de la controvertida indicación. El mandatario aseguró que la prioridad de su administración es recuperar de forma estricta el control sobre quiénes habitan en el territorio nacional.
Para materializar el cumplimiento de estos controles, Kast anunció que se evalúa la posibilidad de restablecer la presencia policial en cada uno de los servicios de salud del país, con el objetivo de exigir la identificación obligatoria de las personas antes de ingresar a los recintos.
La propuesta, que obligaría a entregar antecedentes migratorios no solo a hospitales sino también a Fonasa, Isapres, AFP y establecimientos escolares, continuará su debate en la arena política, enfrentando una fuerte resistencia técnica, legal y gremial.
El Maipo
