La instancia legislativa busca despachar el proyecto a Sala durante la próxima semana, en medio de un intenso debate sobre el enfoque punitivo frente a la crisis de violencia escolar que registra cifras alarmantes en el último año.
La Comisión de Educación del Senado se encuentra en una etapa crucial de definiciones respecto al proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, iniciativa que busca establecer medidas de seguridad, orden y respeto dentro de las comunidades educativas. Tras una serie de audiencias durante la primera semana de mayo, la comisión acordó votar la idea de legislar en general este lunes 11 de mayo.
El cronograma establecido por la instancia, presidida por el senador Gustavo Sanhueza, contempla recibir a los últimos cinco expositores el mismo lunes, fijando como plazo para presentar indicaciones el viernes 15 de mayo. El objetivo final es votar la norma en particular el lunes 18 para que la Sala del Senado pueda despacharla a tercer trámite constitucional esa misma semana, informó sala de prensa de la Cámara Alta.
Radiografía de la violencia: Cifras que alertan
El debate ha estado marcado por los críticos datos entregados por autoridades de seguridad y educación correspondientes al periodo 2024-2025:
- Alcance: De 13 mil colegios, 7 mil presentaron casos de violencia en 2025.
- Incremento: Las denuncias subieron un 18% respecto al año anterior.
- Agresión docente: El maltrato a profesores y directivos se disparó un 129%, alcanzando los 312 mil casos reportados.
- Deserción: De los 2.500 alumnos expulsados bajo la ley “Aula Segura”, 550 no han regresado al sistema escolar.
Puntos en conflicto: ¿Seguridad o Estigmatización?
El proyecto, que cuenta con discusión inmediata, ha dividido las aguas entre los expositores y legisladores.
A favor de la iniciativa
Quienes apoyan el mensaje gubernamental sostienen que la actual “burocracia escolar” impide a los directivos actuar con eficacia. Los argumentos principales son:
- Herramientas concretas: Permite la revisión de mochilas (excluyendo vestimentas), prohíbe el uso de capuchas y overoles, y facilita la intervención policial en urgencias.
- Sanciones disuasivas: Penaliza a quienes impidan el normal funcionamiento de las clases y propone un sistema paralelo para alumnos expulsados que incluya exámenes libres y apoyo emocional.
Críticas al enfoque
Desde la otra vereda, la senadora Yasna Provoste y el senador Vlado Milosevic, junto a organismos como la Defensoría de la Niñez y el INDH, han manifestado sus reparos:
- Visión punitiva: Advierten que centrarse solo en el control no resuelve la falta de condiciones mínimas para el aprendizaje y piden un enfoque multifactorial.
- Salud Mental: Se critica que el proyecto omite la crisis de salud mental post-pandemia; según la ministra de Salud, May Chomali, se requiere capacitación para contención y no solo derivaciones.
- Inconstitucionalidad: Sectores acusan que prohibir la gratuidad por 5 años a alumnos condenados vulnera la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia.
Lo que ya aprobó la Cámara
Cabe recordar que el texto que hoy estudia el Senado ya contempla facultades para que los sostenedores incorporen en sus reglamentos la revisión de pertenencias por personal autorizado (con asesoría de equipos PIE en casos de necesidades especiales). Asimismo, tipifica como falta grave cualquier acto —incluso amenazas por medios digitales— que resulte en la interrupción total o parcial de las clases.
El Ejecutivo se enfrenta ahora a la presión de los parlamentarios que solicitan retirar la urgencia para garantizar que todas las voces sean escuchadas antes de la votación definitiva.
El Maipo
