El plan del Gobierno para incentivar la contratación formal mediante un crédito tributario ha generado reacciones divididas entre el sector privado y especialistas, en medio de un escenario donde la informalidad laboral sigue siendo un desafío persistente.
La medida se enmarca en el Plan de Reconstrucción Nacional y apunta a enfrentar lo que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, describió como “una crisis en el empleo”, considerando que la tasa de desocupación se ha mantenido por más de 30 meses sobre el 8%.
El instrumento contempla un beneficio para empleadores por el pago de sueldos formales entre 7,8 y 12 UTM, con un crédito que alcanza hasta el 15% en los tramos más bajos y que disminuye gradualmente a medida que aumentan las remuneraciones. Este mecanismo permite rebajar impuestos como los Pagos Provisionales Mensuales (PPM), el IVA y el Impuesto de Primera Categoría.
Desde el mundo empresarial, la iniciativa ha sido valorada. La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, sostuvo que “es una confusión hablar de ‘beneficio’ para las empresas”, enfatizando que el foco está en abordar la informalidad laboral, que afecta a uno de cada cuatro trabajadores en Chile.
No obstante, surgieron cuestionamientos desde el ámbito técnico. Una minuta elaborada por exintegrantes del Ministerio del Trabajo durante la administración de Gabriel Boric advierte que una proporción relevante de los recursos terminaría en grandes empresas.
El documento, basado en cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y el Banco Central de Chile, indica que más de 2,2 millones de trabajadores formales estarían dentro del rango del subsidio. De ellos, 716.417 pertenecen a grandes compañías. “Esto quiere decir que una fracción muy relevante de los recursos involucrados en esta medida no va a las MiPymes, sino a grandes empresas que pagan bajos salarios”, señala el texto.
A lo anterior se suma la preocupación por el costo fiscal de la iniciativa, estimado en alrededor de 1.728 millones de dólares, así como dudas sobre su efectividad en la generación de nuevos empleos formales.
En ese contexto, el debate se centra en si este tipo de incentivos logra reducir la informalidad o si, por el contrario, termina beneficiando principalmente a las empresas sin un impacto significativo en el mercado laboral.
El Maipo
