La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile inició este lunes la discusión del proyecto “Escuelas Protegidas”, impulsado por el Gobierno con el objetivo de reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales. La iniciativa llega en medio de un clima de creciente preocupación por la violencia escolar y con cuestionamientos desde distintos sectores por su enfoque.
El proyecto contempla medidas como la revisión de mochilas y bolsos en los accesos, mayores atribuciones para que los docentes apliquen acciones disciplinarias y sanciones para quienes interrumpan el normal desarrollo de las clases. Además, establece restricciones para acceder a la gratuidad en la educación superior en casos de personas condenadas por delitos que afecten la vida, la integridad física o la infraestructura pública.
Desde el mundo educativo han surgido críticas que apuntan a que la propuesta se centra principalmente en herramientas punitivas, sin abordar factores de fondo. Desde el Colegio de Profesores de Chile, su presidente Mario Aguilar ha advertido que no se consideran aspectos clave como la salud mental, elemento que consideran fundamental para enfrentar la violencia en las aulas.
Desde el Gobierno, la ministra de Educación, María Paz Arzola, aseguró que durante la tramitación ha existido apertura al diálogo y disposición a perfeccionar la iniciativa, aunque recalcó la urgencia del debate. “Lo importante es sacarlo rápido porque no tenemos tiempo que perder a la hora de enfrentar los problemas de seguridad al interior de los establecimientos educativos”, sostuvo.
En contraste, la jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, cuestionó el enfoque del proyecto y advirtió que podría profundizar las tensiones en las comunidades escolares. “Es más fácil mandar a los profesores, a los asistentes como pórticos. Enfrentar a las comunidades educativas, no hacerse cargo de sus responsabilidades y obligaciones y restringir el derecho a la educación”, afirmó.
El debate se da en un contexto marcado por el ataque ocurrido en Calama, donde un estudiante del Instituto Obispo Silva Lezaeta apuñaló a una inspectora, causándole la muerte, y dejó a otras cuatro personas heridas. El hecho fue calificado como uno de los más graves de los últimos años en el ámbito educativo.
Tras este caso, se han registrado amenazas y mensajes sobre posibles tiroteos en distintos recintos del país, lo que ha derivado en suspensión de clases, operativos policiales y la apertura de investigaciones.
En este escenario, otro de los puntos que ha generado controversia es el condicionamiento de beneficios como la gratuidad, lo que ha abierto una discusión más amplia sobre los límites entre sanción y derecho a la educación. Así, mientras el proyecto avanza en su tramitación, el debate no solo se centra en cómo enfrentar la violencia escolar en el corto plazo, sino también en la necesidad de incorporar medidas integrales que apunten a sus causas, como la salud mental y la convivencia educativa.
El Maipo
