La situación política y social en Ecuador ha alcanzado un nuevo punto de fricción internacional. Gina Romero, relatora especial de las Naciones Unidas para la libertad de asociación y asamblea, advirtió recientemente sobre un marcado “retroceso democrático” y un “deterioro cívico” en el país, señalando directamente a la administración del presidente Daniel Noboa.
Los señalamientos de la ONU
A través de una serie de pronunciamientos, Romero manifestó su preocupación por lo que considera una campaña de persecución contra voces críticas. Entre los puntos más alarmantes destacados por la relatora se encuentran:
- Persecución Institucional: Romero denunció un acoso constante hacia la Corte Constitucional, órgano clave para el equilibrio de poderes y contrapeso del Ejecutivo.
- Mecanismos Represivos: Se criticó la aprobación “exprés” de la Ley de Transparencia, señalada como una herramienta para presionar a organizaciones no gubernamentales (ONG) que cuestionan la gestión oficial.
- Vulnerabilidad de Activistas: La ONU subraya el riesgo que enfrentan defensores de derechos humanos y comunidades indígenas, quienes denuncian amenazas, hostigamientos y desapariciones forzadas.
#Ecuador sigue avanzando en la deriva autoritaria que hemos venido reportando y debe detenerse. No sólo el gobierno sigue usando la ley de “transparencia social” para amedrentar a ONGs críticas, además avanza la preocupante persecusión a la @CorteConstEcu @CancilleriaEc 1/
— Gina Romero (@Ginitastar) April 4, 2026
#Ecuador también hemos enviado cartas relatando la desprotección y ataques a personas defensoras de DDHH (ECU 2/2025), entre otras violaciones a DDHH, incluyendo DESCA, pueblos indígenas y rurales (ECU 9/2025). Es muy preocupante el retroceso democrático que vive el país. 3/
— Gina Romero (@Ginitastar) April 4, 2026
La respuesta de Daniel Noboa: Prioridad en la seguridad
El presidente Daniel Noboa no tardó en reaccionar, desplazando el foco de la discusión hacia la crisis de seguridad que atraviesa la nación. El mandatario cuestionó la visión de la ONU y exigió una mayor documentación de la violencia criminal que azota al país.
“La prioridad debe ser garantizar la vida a la mayoría que no comete crímenes”, sostuvo Noboa, enfatizando que la gestión internacional debería centrarse en las víctimas de la delincuencia organizada.
El Ejecutivo presentó cifras contundentes para contextualizar su postura:
- Más de 9,000 homicidios registrados durante el año 2025.
- Más de 1,800 asesinatos en lo que va del primer trimestre de 2026.
- Falta de informes internacionales sobre minería ilegal y trata de personas.
Un escenario de polarización
Este cruce de declaraciones ocurre en un contexto de alta tensión interna, marcado por un nuevo estado de excepción decretado por Noboa para combatir la violencia criminal.
Mientras los organismos internacionales ponen la lupa sobre la salud institucional y las libertades civiles, el Gobierno ecuatoriano reafirma que la seguridad ciudadana es el eje innegociable de su gestión, dejando en evidencia una brecha profunda entre las demandas de derechos humanos y las políticas de mano dura contra el crimen.
El Maipo
