El 22° Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $60.000.000 por concepto de daño moral a Gustavo Enrique González Araya. El demandante, siendo apenas un adolescente en 1973, fue baleado, detenido y sometido a crueles tormentos por agentes estatales en la zona rural de Paine.
Los hechos: Una juventud truncada por la violencia
Según el fallo (causa rol 2.923-2023), los eventos comenzaron el 16 de septiembre de 1973. González Araya, entonces estudiante de enseñanza media de 16 años, fue herido de bala en el cuero cabelludo durante un allanamiento. Posteriormente, fue trasladado a una unidad policial donde se iniciaron las sesiones de tortura.
La resolución de la magistrada Lorena Cajas Villarroel detalla un catálogo de horrores sufridos por la víctima:
- Golpizas reiteradas y aplicación de electricidad.
- Simulacros de fusilamiento.
- Tratos vejatorios, como el corte de pelo forzado.
- Pérdida de su dentadura producto de la violencia física.
- Una segunda detención y tortura en 1980 a manos de la CNI.
Un “quiebre biográfico profundo”
El tribunal desestimó los argumentos del Fisco, que apelaba a la prescripción de la acción. La jueza fue enfática al señalar que se trata de un crimen de lesa humanidad, lo cual lo hace imprescriptible tanto en el ámbito penal como en el civil.
“Este tribunal comprende cabalmente que la suma de dinero que se conceda en nada destierra el dolor y aflicción sufrido (…) cuando aquellos que estaban encargados de la cautela y seguridad de los ciudadanos, atentaron en los términos más crueles contra estos”, reza el fallo.
El informe psicológico presentado fue clave para acreditar el impacto de largo plazo. El texto judicial subraya que González Araya sufrió un “quiebre biográfico profundo”:
- Educación interrumpida: El estigma y las amenazas le impidieron continuar sus estudios superiores.
- Precariedad laboral: Su vida profesional se vio marcada por la desconfianza hacia las instituciones.
- Impacto familiar: El trauma derivó en el deterioro de sus vínculos afectivos y su posterior separación matrimonial.
Reparación por abandono estatal
La sentencia concluye que el Estado dejó al demandante en la indefensión durante décadas.
Al fijar el monto de 60 millones de pesos, la magistrada consideró la especial vulnerabilidad de la víctima, quien era un menor de edad al momento de los hechos, lo que alteró estructuralmente su desarrollo vital y su identidad emocional “de por vida”.
El Maipo
