(Quito) El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas expresó una “profunda preocupación” por el contexto de seguridad que vive hoy Ecuador, marcado por militarización, estados de excepción y presuntas violaciones de derechos humanos.
Según un informe del organismo, divulgado este miércoles en medios locales, las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano frente a la creciente violencia podrían generar riesgos adicionales para la población.
El Comité instó a las autoridades a abandonar el enfoque militarizado de la seguridad pública debido a que incrementan el riesgo de desapariciones forzadas.
Ecuador rindió cuentas ante esa entidad los días 12 y 13 de marzo, cuando se conoció que existen al menos 51 posibles casos de desaparición forzada registrados desde 2024, año en que el Gobierno de Daniel Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno.
En sus observaciones, la ONU reconoce el contexto de alza de la violencia asociado al crimen organizado, pero cuestiona medidas como el toque de queda vigente actualmente en cuatro provincias, al considerar que no se evidencian suficientes salvaguardas para evitar actuaciones desproporcionadas.
El informe se refiere a la estrategia de seguridad planteada por el Ejecutivo bajo el nombre de Plan Fénix, cuyo contenido nunca se ha hecho público.
Con el argumento de que la información es reservada o confidencial, el Estado obstaculiza el esclarecimiento de los hechos y vulnera estándares internacionales, que prohíben negar información sobre violaciones de derechos humanos, señaló el Comité.
Asimismo, el organismo advirtió sobre prácticas como detenciones arbitrarias, incomunicación y demoras en el acceso a defensa, así como la existencia de obstáculos para presentar denuncias, incluyendo la negativa de agentes a receptarlas o la sugerencia de esperar días antes de activar búsquedas.
Ante este escenario, el Comité instó al Estado a abandonar el enfoque militarizado y a garantizar que la seguridad ciudadana sea manejada bajo un modelo civil, con mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
La entidad internacional emitió una serie de recomendaciones al Estado ecuatoriano, entre ellas retirar progresivamente a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad interna, y pidió un informe actualizado sobre el cumplimiento de las sugerencias hasta marzo de 2029.
El Maipo/PL
