Un total de 247 organizaciones socioambientales, junto a sociedades científicas y particulares, firmaron una carta pública en la que expresan su preocupación por la decisión del Gobierno de retirar una serie de decretos ambientales vinculados a normas de calidad del aire, planes de descontaminación y protección de la biodiversidad.
La medida, impulsada por la administración del presidente José Antonio Kast, fue justificada como parte de un proceso de revisión para asegurar que estos instrumentos cumplan con los estándares técnicos y normativos vigentes. En esa línea, desde el Ejecutivo se informó que los decretos serán reevaluados en coordinación con la Contraloría General de la República.
Sin embargo, desde la sociedad civil advierten que esta decisión podría tener efectos negativos en áreas clave como la salud pública, el medioambiente y la calidad de vida de las comunidades.
Entre los documentos retirados —que habían sido tramitados entre 2023 y 2026— se incluyen regulaciones de emisión para sectores industriales, normas de calidad ambiental, medidas de adaptación al cambio climático y disposiciones relacionadas con la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
Asimismo, la suspensión de estos instrumentos pondría en riesgo iniciativas relevantes como la protección del pingüino de Humboldt, programas de conservación de especies como la ranita de Darwin y la creación de nuevas áreas protegidas en el país.
En la carta difundida, las organizaciones sostienen que la decisión representa una señal preocupante, ya que implica retrasar herramientas consideradas fundamentales para avanzar en estándares ambientales más exigentes. Además, acusan una falta de consideración hacia los procesos participativos que dieron origen a estas normativas, en los que participaron distintos actores sociales, científicos y productivos.
En ese contexto, hicieron un llamado al Ejecutivo a transparentar los criterios de revisión y a abrir instancias de diálogo con la ciudadanía, enfatizando la urgencia de contar con políticas robustas frente a la crisis climática y ecológica.
Por su parte, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, defendió la decisión y aseguró que es habitual que los gobiernos revisen decretos al inicio de sus mandatos. “No hay que interpretar esto como una señal de confrontación ni como un intento de desmantelar lo avanzado”, señaló, subrayando que el proceso busca evaluar técnicamente las medidas en curso.
El debate se instala así en un momento clave, donde distintos sectores coinciden en la necesidad de fortalecer las políticas ambientales, pero difieren en la forma y el ritmo en que estas deben implementarse.
El Maipo
