Algunas exigencias ambientales de la UE comienzan a generar alarma entre gremiales de productores rurales del Mercosur, que entienden que las medidas significarán trabas al acuerdo comercial firmado en enero. Sputnik entrevistó a representantes del sector e industriales del bloque sobre sus inquietudes.
El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado en enero en la ciudad de Asunción, comienza a mostrar sus bemoles, especialmente entre productores rurales e industriales del Mercosur, que ven con preocupación cómo las salvaguardias y otras exigencias europeas amenazan con quitarle efectividad al tratado.
En efecto, cuando solo resta que el Congreso de Paraguay ratifique el documento, son los propios productores de ese país los que han alzado más la voz para advertir que Europa puede haberse convertido en un “socio poco confiable” a la hora de concretar los negocios que el acuerdo comercial promete a ambos lados del océano Atlántico.
Una de las voces más duras con las posibles trabas europeas es la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la más importante de productores y agroindustriales de Paraguay. Entrevistado por Sputnik, el presidente de la organización, Héctor Cristaldo, explicó que los productores de dicho país no tienen problemas con el texto firmado por ambos bloques, pero sí con algunos elementos que se incorporan ahora “por fuera del acuerdo”.
“Lo que nos preocupa es lo que viene por fuera del acuerdo. Ahí es donde a nosotros se nos enciende ya no la luz amarilla, sino la luz roja, por la actitud de los negociadores europeos o la autoridad europea, que por un lado te firman la quita de aranceles, pero por debajo de la mesa tejen una telaraña”, explicó Cristaldo.
Para el dirigente, la “telaraña” que preocupa a los productores son algunas de las regulaciones ambientales impuestas por la Unión Europea y que, a partir de la firma del acuerdo, pretende hacer cumplir para la producción del Mercosur que se exporte. En esa lista aparece, por ejemplo, el reglamento 1115 de la UE, que entre otras cosas restringe la comercialización en mercados europeos de productos agrícolas que impliquen “materias primas asociadas a la deforestación”.
Cristaldo también cuestionó las cláusulas sobre “diligencia debida”, un concepto que la UE introdujo en 2023 para obligar a los productores a establecer acciones para combatir “efectos adversos, reales y potenciales, sobre el medio ambiente y los derechos humanos en su cadena de actividades”, según consigna el propio bloque europeo.
Para el productor paraguayo, Europa podría establecer la activación de este tipo de cláusulas y suspender importaciones “con base en sospechas y no evidencias”, lo que da lugar a “arbitrariedades e inseguridad jurídica” y, en la práctica, podría impedir exportar al mercado europeo a unos 264.000 pequeños productores paraguayos de menos que “no tienen condiciones” de cumplir estas exigencias.
“Ellos quieren aplicar sus leyes extraterritorialmente, pero nuestras normas a veces se contraponen en criterios. Ahí la discusión ya comienza a crisparse porque entonces prácticamente deberíamos cerrar nuestro Parlamento para que se legisle desde Bruselas. Eso es inaceptable”, resumió el presidente de la UGP.
Los biocombustibles en alerta
Si las exigencias ambientales a productos agrícolas ya eran una preocupación para productores del Mercosur, la Comisión Europea añadió en las últimas semanas un nuevo dolor de cabeza al bloque sudamericano, al incluir a la soja como un cultivo “de alto riesgo” ambiental en una reglamentación que, si bien aún no fue aprobada, ya circula como borrador entre los países europeos.
Un estudio de la argentina Bolsa de Comercio de Rosario da cuenta de que, de confirmarse este reglamento, se paralizarían los envíos de biocombustibles, biolíquidos y combustibles de biomasa producidos en el Mercosur a partir de cultivos alimenticios como la soja, al menos hasta 2030.
La noticia tomó por sorpresa a productores y autoridades. En Argentina, principal proveedor de biocombustibles de la UE, los gobernadores de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Córdoba y Santa Fe acordaron una postura en común para “defender” a un mercado de “400 millones de dólares anuales y miles de empleos”.
“Esto se va a transformar en una barrera paraarancelaria porque es una resolución de tipo ambiental que va a terminar trabando el ingreso primero del biodiésel y sus subproductos, tanto de la industria argentina como de Paraguay o Brasil”, advirtió a Sputnik Marcelo Kusznierz, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer).
El productor consideró que la medida europea es “arbitraria” y “sin fundamento científico”, ya que Argentina no ha expandido la frontera agrícola con sus cultivos de soja, sino que, por el contrario, ha incrementado su productividad en los mismos terrenos. De todas maneras, sostuvo que la normativa esconde, en el fondo, la intención de la UE de proteger a los productores europeos de biodiésel.
“Siempre la UE quiso frenar el ingreso de biodiésel desde países como los nuestros. La intención está y se ve que están buscando algún modelo”, cuestionó Kusznierz. En ese sentido, apuntó que el bloque europeo apunta a beneficiar al biocombustible desarrollado a partir de cultivos sí presentes en Europa como la colza, la carinata y la camelina.
En ese sentido, el representante de los productores paraguayos consideró que este tipo de trabas no es responsabilidad de los negociadores del Mercosur, sino en la propia actitud de los representantes europeos.
“El Mercosur hizo bien su trabajo, pero cometimos la ingenuidad de creer que estábamos negociando con gente seria, cuando en realidad es gente que acomoda las fichas según le conviene”, sintetizó Cristaldo.
Así las cosas, la UGP decidió restar centralidad al acuerdo y pedirle al Gobierno de Santiago Peña que comience a “mirar otros mercados”. “El que quiera hacer lo que pide la UE, que lo haga a voluntad […] Cada uno elige su cliente, pero en general un principio básico en la economía es que si no hay confianza no se negocia”, suscribió.
Kusznierz adelantó que los productores argentinos apelan a otro camino: llevar la medida europea contra los biocombustibles a la órbita de la Organización Mundial de Comercio (OMC). “Creo que hay datos relevantes en la Argentina para respaldar la posición y defenderla en la OMC”, aseguró, mencionando que los productores ya buscan contactos con la Cancillería argentina para que el asunto sea abordado desde el Gobierno de Javier Milei.
Industriales uruguayos confían en alcanzar acuerdos
Desde la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), las perspectivas son un poco más optimistas. En diálogo con Sputnik, el presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la gremial, Washington Durán, reconoció que la necesidad de certificaciones ambientales exigidas por Europa puede introducir “algunos costos mayores para las pequeñas y medianas empresas”, pero estimó que es posible alcanzar un acuerdo con el bloque europeo.
“Habrá que trabajar con la UE para ver cómo podemos regionalizar esas certificaciones y que no tengan que ser individuales para cada empresa, sino una certificación que, solo por el hecho de producir en determinadas condiciones en el país, permita acceder al mercado europeo y los beneficios del acuerdo”, opinó.
Durán señaló que Uruguay, el país más pequeño del Mercosur, “está muy bien en cuanto a cumplimiento de normas medioambientales”, lo que lo sitúa mejor que otros socios del bloque sudamericano “a los que quizás se les achaquen algunas cosas, incluso cuando tal vez no sean reales”.
En la misma línea, el empresario uruguayo remarcó que, si bien hay salvaguardas impuestas “unilateralmente” por la UE, esas “están por fuera del acuerdo” firmado entre ambos bloques, por lo que confía en que “no deberían afectar los flujos comerciales originados por el acuerdo”. Por lo demás, Durán pidió analizar las posibles afectaciones “cuando llegue el momento, ver cómo la UE pretende aplicar esas salvaguardas y, mientras tanto, no hacer una tormenta donde por ahora no la hay”.
La industria láctea uruguaya atenta a “impactos indirectos”
Durán recordó, además, que las salvaguardas incluidas dentro del acuerdo son “simétricas” y también pueden proteger a productores del Mercosur en algunos casos. Uno de los ejemplos es el sector lácteo uruguayo, que mantiene preocupación sobre cómo podría repercutir el ingreso de productos como quesos o leche en polvo desde Europa.
El representante de la Cámara de Industrias del Uruguay explicó que, a espejo de lo hecho por Europa, el Mercosur estableció un tope de 10.000 toneladas de productos lácteos desde Europa, con la previsión de poder aumentarlo a 30.000 toneladas en el futuro. Sin embargo, el tope podría no ser del todo suficiente para los productores lácteos uruguayos.
Fernando Castellanos, gerente de la Asociación Uruguaya de Pymes Lácteas (Aupyl), dijo a Sputnik que los productores se mantienen inquietos sobre “los impactos indirectos” que el ingreso de leche en polvo europea al Mercosur, y particularmente a Brasil, puede desencadenar en Uruguay, un fuerte proveedor de leche en polvo al mercado brasileño.
“En la medida en que llegue a Brasil leche en polvo de Europa y Uruguay no pueda vender la suya a Brasil, la leche equivalente será destinada a otros productos y ahí puede haber una distorsión de precios”, explicó Castellanos.
El Maipo/Sputnik
