Con el inicio de marzo y el regreso a clases en todo el país, comenzó a aplicarse la ley que limita el uso de celulares y otros dispositivos tecnológicos al interior de los establecimientos educacionales, tanto públicos como privados. La normativa ha generado consultas en las comunidades escolares respecto a su alcance y forma de implementación.
En diálogo con radio Bío Bío, la superintendenta de educación Loreto Orellana explicó que la ley prohíbe el uso de estos aparatos dentro de los recintos, pero no su porte. Es decir, los estudiantes pueden llevar sus teléfonos, aunque deben mantenerlos apagados o sin utilizarlos, salvo en los casos autorizados.
La autoridad detalló que en educación parvularia la restricción es total, mientras que en enseñanza básica y media existen márgenes para que cada comunidad educativa acuerde cómo aplicar la norma. Esos criterios deberán quedar establecidos en los reglamentos internos, previa discusión y aprobación con participación de docentes, directivos, estudiantes y apoderados.
Por ejemplo, un colegio podría determinar que los dispositivos no se utilicen durante la jornada, pero permitir su uso acotado en recreos, siempre que esté debidamente regulado. “Toda excepción debe estar claramente definida en los protocolos”, señaló Orellana.
Actualización de reglamentos y fiscalización
Los establecimientos tienen plazo hasta el 30 de junio para adecuar sus reglamentos internos a la nueva legislación. La Superintendencia será la encargada de supervisar el cumplimiento de la medida.
En cuanto a eventuales sanciones, estas serán aplicadas por cada establecimiento y pueden ser de carácter formativo o disciplinario, dependiendo de la gravedad o reiteración de la conducta. La superintendenta explicó al medio que el objetivo principal no es castigar, sino promover un uso responsable de la tecnología y favorecer la convivencia escolar.
Asimismo, recalcó que la ley no busca impedir el uso pedagógico de los dispositivos cuando estos sean parte de una actividad educativa planificada. Lo que se restringe es su utilización con fines distintos a los académicos.
¿Cuáles son las excepciones?
La normativa contempla situaciones específicas en las que el uso de celulares está permitido. Entre ellas se incluyen emergencias, condiciones de salud acreditadas, monitoreo médico con certificación profesional, requerimientos de apoyo técnico, razones de seguridad personal y solicitudes fundadas de apoderados por períodos determinados.
También se autoriza su empleo con fines pedagógicos en enseñanza básica y media, siempre que la actividad lo requiera y esté debidamente justificada.
Finalmente, la autoridad llamó a los apoderados a informar oportunamente al establecimiento si existe alguna condición certificada que amerite una excepción, con el fin de facilitar su correcta aplicación.
Según planteó Orellana, esta nueva regulación abre una oportunidad para que las comunidades educativas reflexionen sobre el rol de las pantallas en la vida escolar y fortalezcan espacios de diálogo y convivencia más allá de la tecnología.
El Maipo
