La Audiencia Provincial de Madrid dejó sin efecto la decisión de que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fuera juzgada por un jurado popular en el marco de una investigación por presunta malversación. El tribunal estimó que no existían fundamentos suficientemente sólidos para continuar el procedimiento bajo esa modalidad.
La resolución responde al recurso presentado contra el planteamiento del juez Juan Carlos Peinado, quien en septiembre había propuesto que la causa avanzara hacia un juicio con jurado, a raíz del nombramiento en 2018 de Cristina Álvarez como asesora en el Palacio de la Moncloa, sede del Ejecutivo español. Sin embargo, el órgano judicial ordenó retrotraer las actuaciones al momento anterior a la transformación del proceso en uno de jurado, lo que también afecta a la asesora y al empresario Juan Carlos Barrabés, incluidos en la investigación.
Críticas del tribunal al procedimiento
En su resolución, la Audiencia madrileña cuestionó con dureza la decisión del magistrado instructor, señalando que una medida de tal relevancia no puede adoptarse sin precisar de forma clara las conductas que se atribuyen a los investigados ni la base indiciaria que sustentaría la acusación. A juicio de los magistrados, los autos carecían de una motivación suficiente y de un relato que describiera indicios verosímiles, lo que podría afectar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas investigadas.
El tribunal acogió parcialmente los recursos presentados por los implicados, al considerar que la falta de fundamentación concreta impedía justificar el paso hacia un procedimiento con jurado popular. En decisiones anteriores, el juez instructor había sostenido que existían indicios racionales y consistentes de la posible comisión de delitos que habilitarían esa vía procesal, dado que la malversación de caudales públicos está contemplada dentro de los casos que pueden ser conocidos por jurado en la legislación española.
Una causa vinculada a otra investigación principal
La investigación por presunta malversación corresponde a una pieza separada dentro de un caso más amplio abierto en abril de 2024, que examina posibles delitos como apropiación indebida, intrusismo profesional y corrupción en los negocios.
En el sistema judicial español, el jurado popular tiene la función de emitir un veredicto sobre los hechos y la eventual culpabilidad o inocencia de los acusados, tras lo cual corresponde al juez que preside el tribunal dictar la sentencia correspondiente. Con esta nueva resolución, el proceso deberá continuar en una fase anterior, mientras el magistrado instructor redefine el curso de la causa conforme a las observaciones del tribunal superior.
El Maipo
