(Buenos Aires) La polémica reforma laboral que hoy se encuentra en el Senado priva a los periodistas argentinos de su estatuto profesional estipulado por la Ley 12.908 que no solo la elimina, sino también sus modificaciones posteriores.
Así quedó aprobado en la Cámara de Diputados el pasado jueves y ahora el Senado muy probablemente apruebe el proyecto antes de que termine esta semana.
El texto deroga también el estatuto de los trabajadores administrativos de los medios, en línea con la intención oficial de suprimir distintas disposiciones que regulan actividades laborales específicas. Entre ellos también se eliminan el Estatuto de Viajantes de Comercio y el Régimen de Teletrabajo.
Legisladores de la oposición sostuvieron que derogar la norma de estatutos afecta derechos adquiridos del sector, y solo lograron que su aplicación se pospusiera hasta enero de 2027.
El Estatuto del Periodista Profesional regula las condiciones laborales de quienes trabajan en publicaciones diarias o periódicas y agencias de noticias.
Entre sus preceptos establece una jornada máxima de 36 horas semanales, compensaciones por trabajo nocturno, un régimen especial de estabilidad laboral y una indemnización agravada ante despidos sin causa, equivalente a seis meses de sueldo, además del preaviso.
También estipula la posibilidad de retiro voluntario con más de cinco años de antigüedad y la creación de la Matrícula Nacional de Periodistas, junto con el Carnet Profesional que garantizaba el acceso a fuentes y dependencias públicas para el ejercicio de la actividad.
Cynthia Luján Ottaviano, periodista, docente, doctora en Comunicación, investigadora y ensayista argentina, alertó que la derogación significa una pérdida derechos vinculados con la prensa, la cultura y la comunicación.
“En realidad liquida los derechos de trabajadores y trabajadoras. Esa norma es la que garantiza que los periodistas y otros profesionales de prensa tengan derechos y puedan fortalecer con su trabajo la democracia”, explica la especialista.
Además, pretenden revocar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y con ello eliminan los recursos que van para la Defensoría del Público para defender derechos de audiencias y se acaban los fondos que van al Instituto Nacional de la Música y para la Casa del Teatro.
Eso significa también que dejaría sin recursos a la radio y televisión públicas argentinas, y sin la principal fuente de financiamiento del Instituto Nacional del Cine, “nuestro arte, nuestra cultura y nuestra comunicación están en peligro en Argentina”, avizora Ottaviano.
De hecho, varios medios señalaron el interés del ejecutivo de Javier Milei de cerrar la Televisión Pública, al igual que hizo con la agencia de noticias Télam.
El Maipo/PL
