El alcalde Christopher White reclama más de $1.400 millones a Inversiones Agrícolas y Comerciales (Iacsa), vinculada a la familia Bofill. La compañía niega la deuda y prepara acciones legales contra la comuna.
Una disputa judicial por el pago de patentes municipales mantiene enfrentados al municipio de San Bernardo con Inversiones Agrícolas y Comerciales S.A. (Iacsa), sociedad ligada a la familia Bofill, controladora del grupo Carozzi, consignó Diario Financiero.
El alcalde de la comuna, el socialista Christopher White, sostiene que la empresa mantiene una deuda de $842 millones por conceptos de patentes comerciales, derechos de aseo y propaganda correspondientes al período 2021-2024. Con intereses y costas, el monto ascendería a más de $1.400 millones a marzo de 2025.
White califica a “Iacsa-Carozzi” como “un mal vecino”, en referencia a la vasta planta que Carozzi tiene en el sector de Nos, uno de los mayores empleadores de San Bernardo.
La defensa de Iacsa
Desde la empresa rechazan categóricamente tanto la deuda como la forma en que el edil se refiere a ellas. Aclaran que Iacsa y Carozzi son sociedades distintas que solo comparten un controlador común: Principado de Asturias, firma mediante la cual la familia Bofill controla Carozzi S.A. con el 63,64% de la propiedad.
“Es como decir que Banco de Chile y CCU son la misma empresa por tener a Quiñenco como accionista”, ejemplifican en Iacsa.
La compañía asegura estar al día en sus obligaciones municipales y señala que las diferencias con San Bernardo son “netamente legales” y se refieren al monto y criterios de cálculo de los cobros de 2021, 2022 y 2023.
Según Iacsa, pagaron religiosamente unos $30 millones por semestre en patentes comerciales, pero el municipio les cobraba montos superiores a $200 millones semestrales. La empresa sostiene que su único activo, la Hacienda Chorombo en María Pinto, desarrolla solo actividades primarias y está exenta de pagar patente comercial.
Embargo de propiedades
El municipio interpuso una demanda por deudas en diciembre de 2023 y logró embargar cuatro inmuebles de Iacsa, con un avalúo fiscal de $775 millones pero un valor comercial estimado en siete veces superior, según White.
“El remate ya fue decretado y se suspendió por la controversia respecto del valor de los bienes”, explicó el alcalde, quien advierte que de no mediar un pago voluntario, se rematarán las propiedades.
Iacsa, por su parte, adelanta que presentará acciones legales contra el municipio “para dejar sin efecto los cobros en exceso” y pagar “exactamente lo que corresponde conforme a la ley”.
El caso del retén de Carabineros
Entre los bienes embargados figura un terreno que, según White, fue donado para construir un retén de Carabineros, cuya edificación está paralizada por el conflicto.
Sin embargo, Iacsa precisa que en 2017 firmó con Carabineros un contrato de comodato sobre 12.500 metros cuadrados para habilitar un cuartel policial en el sector de Nos. El terreno nunca fue donado y sigue siendo propiedad de la empresa, aclaran.
El Maipo
