Tras una extensa sesión que se prolongó hasta la madrugada de este jueves 12 de febrero, el Senado de Argentina aprobó en general la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, una de las piezas centrales de su plan de transformación económica. La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra, sin abstenciones, en un debate marcado por tensiones dentro y fuera del Congreso.
La votación se produjo luego de más de 14 horas de discusión parlamentaria y mientras, en las inmediaciones del edificio legislativo, se desarrollaban masivas manifestaciones en rechazo al proyecto, las que derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en el centro de Buenos Aires.
Con este respaldo inicial, el proyecto entra ahora en una etapa clave: la votación en particular de cada uno de sus 26 capítulos, instancia en la que el texto podría sufrir modificaciones. Superado ese trámite, la iniciativa deberá ser revisada por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo enfrenta un escenario legislativo más ajustado.
La reforma laboral es considerada estratégica por el Gobierno libertario, que busca desregular el mercado de trabajo como parte de su giro hacia un modelo económico de libre mercado. El Ejecutivo sostiene que los actuales marcos normativos desincentivan la contratación formal y frenan la inversión, especialmente en un país con alta sindicalización y prolongado estancamiento del empleo privado.
Los puntos más cuestionados del proyecto
Uno de los ejes más controversiales del texto es la modificación al sistema de despidos, históricamente protegido en Argentina. La iniciativa plantea cambios en las indemnizaciones y en los mecanismos judiciales, lo que, según sus críticos, debilita las garantías frente al despido injustificado.
Los sindicatos y sectores opositores también alertan sobre un eventual deterioro en derechos laborales consolidados, como vacaciones, licencias médicas, jornadas de trabajo y horas extra. A ello se suma el cuestionamiento por eventuales restricciones al derecho a huelga y a la actividad sindical, aspectos que, a juicio de los detractores, afectan directamente una tradición histórica del movimiento obrero argentino.
Desde la oposición peronista, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió que la reforma pone en riesgo conquistas laborales fundamentales. “Si se afectan las indemnizaciones, las horas extra y las vacaciones, no habrá una mejora real para los trabajadores ni para la economía”, sostuvo.
Los argumentos del oficialismo
En defensa del proyecto, el Gobierno y sus aliados aseguran que las actuales normas laborales hacen costosa y riesgosa la contratación formal, lo que ha contribuido a que cerca de la mitad de la población activa trabaje en la informalidad. Además, subrayan que el empleo privado no muestra crecimiento sostenido desde hace más de una década.
Desde La Libertad Avanza, partido del presidente Milei, afirmaron que la reforma apunta a modernizar el sistema laboral para ampliar el acceso al empleo registrado y reactivar la economía. “Estamos reconstruyendo el país desde sus bases, y el empleo es uno de los pilares de ese proceso”, señalaron en un comunicado.
El futuro del proyecto dependerá ahora de las negociaciones políticas en el Congreso. Analistas coinciden en que la reforma podría avanzar si el Ejecutivo acepta ajustes propuestos por sectores moderados de la oposición, mientras que un eventual revés legislativo supondría un duro golpe a la agenda reformista del Gobierno.
El Maipo
