Universidad de Chile enfrenta un nuevo desafío fuera de la cancha, esta vez en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, donde deberá responder por los graves desórdenes registrados en el Estadio Nacional durante el partido frente a Audax Italiano, válido por la primera fecha de la Liga de Primera.
El club fue citado a declarar este martes ante el organismo autónomo del fútbol chileno, en un contexto complejo marcado también por un irregular inicio de temporada en lo deportivo. Desde la interna azul aseguran que la estrategia de defensa se basará en demostrar que se cumplieron íntegramente las medidas de seguridad exigidas, incluso reforzando el contingente de guardias más allá de lo solicitado oficialmente.
Además, la institución sostendrá que los autores de los incidentes fueron plenamente identificados y que los antecedentes —incluidas imágenes, datos personales y registros de reconocimiento facial— fueron puestos a disposición de la justicia. A los involucrados se les aplicó el derecho de admisión, política que el club impulsó con fuerza durante la temporada pasada.
En respaldo a esta postura, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló recientemente que Universidad de Chile dio cumplimiento a las obligaciones definidas por Carabineros para el desarrollo del encuentro.
Pese a ello, el escenario sigue siendo delicado. Por los hechos ocurridos en el coloso de Ñuñoa, el cuadro universitario se expone a distintas sanciones, que van desde multas económicas y reducción de aforo, hasta la posibilidad más severa: disputar partidos como local a puertas cerradas.
El Maipo
