Por Samantha Arias.
El 1 de febrero, Ecuador y Colombia escalaron su tensión diplomática al terreno económico con la entrada en vigor de aranceles recíprocos del 30%. Lo que el Gobierno del presidente Daniel Noboa justifica como una respuesta a la falta de cooperación militar de Bogotá en la frontera, ha derivado en una respuesta inmediata del Ejecutivo colombiano.
Esta contestación se da a través de gravámenes a productos ecuatorianos y la suspensión total de la venta de electricidad.
La crisis en el Puente Internacional de Rumichaca, entre la frontera entre los países sudamericanos, no es solo un problema logístico: es el síntoma de una fractura política sin precedentes.
Mientras Quito utiliza los aranceles como herramienta de presión diplomática, Bogotá responde golpeando el suministro energético, el punto más sensible de la infraestructura de un Ecuador que aún no logra consolidar su recuperación económica.
Según medios locales, antes de la imposición de los aranceles del 30%, el intercambio comercial entre las naciones sudamericanas oscilaba entre los 2.800 y 3.000 millones de dólares anuales. Bogotá exportaba hasta 1.993 millones de dólares a Quito
El fantasma de la recesión
Para Erik Mozo Narváez, economista con maestría por la London School of Economics (LSE), estas medidas llegan en el peor momento posible para la economía ecuatoriana, que aún muestra cicatrices profundas de la crisis del año anterior.
“El Ecuador viene de experimentar un decrecimiento económico del 2%, es decir, una clara recesión en términos económicos. Y, pese a que el crecimiento económico de 2025 está por sobre los tres puntos porcentuales, apenas alcanza para un poco más que la recuperación económica de lo que se vivió [en la nación] en el 2024. Todo esto ocurre mientras el promedio regional de América Latina, por ejemplo, [hace dos años] fue de más del 2%“, explica en una charla para Sputnik.
El experto señala que, lejos de ser una medida técnica para fortalecer la industria, el nuevo gravamen carece de una hoja de ruta de desarrollo. Según Mozo, se trata de una barrera que no distingue entre lo que ayuda al país y lo que lo perjudica.
“El arancel que impone el Ecuador a Colombia no tiene ninguna relación, o casi no tiene ninguna, con una estrategia de protección o de desarrollo de la producción nacional. Muestra de esto es que esta [es una tarifa] que se establece a todas las importaciones de Colombia. Indistintamente de si estas son para desarrollar la producción del Ecuador, insumos o bienes finales de consumo. Cerca del 47% de las importaciones que se realizan desde Colombia hacia el Ecuador son insumos para nuestra propia industria“, añade Mozo.
🇪🇨🪙 Los aranceles harán "más compleja y cara la producción en Ecuador", según un experto
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) February 4, 2026
Los gravámenes recíprocos entre Quito y Bogotá afectan a ambas naciones, pero especialmente a Ecuador, considera el economista Erik Mozo Narváez en entrevista para Sputnik.
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Otros factores detrás de la decisión
El análisis de Mozo Narváez va más allá de las cifras y entra en el terreno de la geopolítica regional. La medida arancelaria parece ser la respuesta a un choque ideológico directo entre los mandatarios.
Pocos días antes del anuncio de los aranceles, el presidente colombiano, Gustavo Petro, había solicitado públicamente la liberación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, figura clave de la Revolución Ciudadana, principal partido de oposición en Quito.
“El presidente Daniel Noboa argumenta que Colombia no está cooperando con la defensa de la frontera frente a grupos irregulares, pero no se refleja que esta medida arancelaria tenga relación con una estrategia productiva”, expresa el experto.
“Claramente, lo más probable es que tenga efectos perniciosos sobre la producción en el Ecuador. Muchos productos que dependen de bienes intermedios desde Colombia experimentarán un incremento de precios, afectando directamente la competitividad nacional”, puntualiza.
La fragilidad energética
En este tenor, José Beltrán, investigador socioeconómico, aporta una visión técnica y sistémica, adviertiendo que la ruptura con Colombia expone la peligrosa dependencia ecuatoriana de factores que no puede controlar.
“Ecuador depende prácticamente de dos fuentes primarias para la generación eléctrica: las hidroeléctricas y las térmicas no renovables que usan petróleo. Son fuentes muy vinculadas a shocks externos. El petróleo depende de factores geopolíticos, mientras que el tema hídrico depende 100% del clima“, acota en una charla para este medio.
“Nos enfrentamos cada vez más a escenarios de cambio climático y [ambientes] extremos, lo que pone en riesgo nuestra soberanía. Si mañana entramos en sequía o los precios suben por conflictos externos, volveremos a entrar en este ciclo de crisis y desabastecimiento”, comenta.
Para el investigador, el problema se ha agravado por una desatención sistemática del sector. “A partir de 2017 comenzó una falta de financiamiento en transmisión y una desinversión en el sector eléctrico. Ese gran abandono nos lleva a la crisis actual”, añade.
¿Una ruptura en la Comunidad Andina?
Más allá del impacto inmediato en las tarifas, Beltrán subraya que la imagen de Quito y Bogotá es de una desconexión que va en contra de las tendencias globales de integración energética. Mientras otros bloques regionales avanzan hacia la unión, los países andinos parecen retroceder.
“A diferencia de Brasil, Uruguay o Argentina, que tienen sistemas de interconexión avanzados, la señal que estamos enviando aquí es que no podemos unirnos ni establecer vínculos. Esto representa un riesgo a largo plazo para el país y para los vecinos”, menciona.
“Lo lógico sería apuntar a una interconectividad entre Colombia, Ecuador y Perú porque tenemos matrices energéticas diversificadas que podrían complementarse. Con estas medidas, se nos imposibilita conseguir equipos para la seguridad energética e incluso se pueden encarecer tecnologías”, advierte el investigador.
Los analistas coinciden en que la solución no vendrá de más impuestos ni de represalias energéticas.
Mientras Mozo Narváez subraya que el gravamen es una medida que ignora la realidad de la recesión, Beltrán enfatiza que la soberanía energética no se logra cerrando fronteras, sino invirtiendo en una matriz resiliente e interconectada. Sin un diálogo técnico que desactive la tensión política generada por el caso de Glas y los reclamos fronterizos, el panorama para 2026 es de incertidumbre.
El Maipo/Sputnik
