La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones del Senado y despachó a ley el proyecto que otorga reconocimiento jurídico a las ferias libres, estableciendo un marco regulatorio para su organización, protección y fomento como pilares de la alimentación y el desarrollo local.
La iniciativa, ingresada en septiembre de 2024 mediante mensaje del Ejecutivo, define a las ferias libres como unidades productivas asociativas conformadas por comerciantes minoristas y trabajadores independientes que venden principalmente alimentos de origen vegetal o animal, destacando su rol en la seguridad alimentaria y nutricional del país.
Regulación y organización
El proyecto estandariza las ordenanzas municipales sobre ferias libres, regulando aspectos como el porcentaje mínimo de permisos, criterios de asignación, vigencia, rubros permitidos y estándares mínimos del espacio de servicio, gestión ambiental y disposición de residuos.
En cuanto a su representación, las ferias deberán contar con una asamblea general, un comité de representación y una comisión electoral. Además, se creará un Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres en cada comuna donde existan, para generar diálogo entre el municipio y los representantes de las ferias.
La norma también establece la creación de un Registro Nacional de Ferias Libres, administrado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que se actualizará con información proporcionada por los municipios.
Permisos y ubicación
Respecto al emplazamiento, los municipios deberán ubicar las ferias en sitios apropiados que generen el menor impacto negativo para los vecinos, priorizando la accesibilidad y seguridad del entorno.
Las nuevas ferias deberán ubicarse a una distancia mínima de 1.200 metros de los límites de otras ferias existentes, aunque la autoridad municipal podrá autorizar distancias menores en casos excepcionales, previo acuerdo del Consejo Participativo Comunal.
Seguridad y medio ambiente
El texto establece que el Estado ejecutará estrategias de coordinación entre el Ministerio de Seguridad Pública, gobiernos regionales, municipios y Fuerzas de Orden para prevenir y reducir la delincuencia en el espacio donde se emplazan las ferias y sus alrededores.
En materia de seguridad, la condena a pena aflictiva por delitos de tráfico de drogas o asociación delictiva durante la vigencia del permiso será causal de revocación o no renovación.
Adicionalmente, los municipios deberán coordinar con las ferias acciones para prevenir el desperdicio de alimentos, reducir residuos y fomentar el reciclaje y reutilización.
Debate en Cámara
Durante el debate parlamentario, los legisladores destacaron que el proyecto responde a una demanda histórica de los trabajadores de ferias libres, otorgándoles mayor protección laboral y capacidad de negociación, además de garantizar acceso a alimentos frescos, saludables y económicos para la ciudadanía.
Se valoró también la incorporación de reglas claras para los feriantes y la importancia de contar con un marco jurídico integral que impulsa la sostenibilidad de esta actividad hacia el futuro.
No obstante, algunas voces contrarias advirtieron sobre una posible recarga de trámites administrativos para los feriantes y potencial discriminación arbitraria entre ellos.
El Maipo
