Por Daniel Aguirre Román
La crisis del fútbol chileno volvió a quedar en evidencia tras el comunicado conjunto emitido por los clubes de la Segunda División Profesional, quienes anunciaron que no iniciarán el Campeonato 2026 si la ANFP no introduce modificaciones sustantivas a las condiciones actuales del torneo. La decisión, adoptada de manera unánime, refleja el malestar acumulado en una categoría que denuncia un modelo competitivo y económico insostenible.
En el texto difundido públicamente, los clubes señalaron que han resuelto “no iniciar nuestra participación en el Campeonato 2026 mientras no se establezca una reducción en la duración del certamen a un máximo de siete meses”, argumentando que el actual calendario —que se extiende por cerca de nueve meses— desborda las capacidades financieras de instituciones que operan con presupuestos limitados.
El comunicado fue respaldado por la totalidad de los equipos que integran la categoría, entre ellos Deportes Melipilla y San Antonio Unido, clubes que representan directamente a la zona del Maipo y que han enfrentado en los últimos años un escenario de alta fragilidad económica. Junto a ellos, también suscribieron el documento instituciones como Deportes Linares, Deportes Concepción, Provincial Ovalle, General Velásquez, Real San Joaquín y Deportes Rengo, entre otros.
Más que un calendario: un sistema bajo presión
Aunque la duración del torneo aparece como el detonante inmediato del conflicto, los clubes advierten que el problema es más profundo. La extensión del campeonato implica mayores costos operativos, contratos prolongados y largos períodos sin competencia, factores que afectan directamente la estabilidad financiera de las instituciones y las condiciones laborales de los futbolistas profesionales.
La Segunda División Profesional, tercera categoría del fútbol chileno, ha sido históricamente una de las más frágiles del sistema. Con escasos ingresos por televisión, bajo arrastre comercial y limitada incidencia en la toma de decisiones, sus clubes han debido sostenerse en un entorno marcado por reglas diseñadas sin considerar su realidad económica.
Derechos de formación: el otro eje del conflicto
En ese contexto, el conflicto actual dialoga directamente con otra controversia que ha ganado visibilidad en las últimas semanas: la aplicación de los derechos de formación. El periodista Juan Cristóbal Guarello ha sido uno de los principales críticos del sistema vigente, al que acusa de operar como una barrera económica para los clubes de menores recursos, particularmente los de la Segunda División Profesional.
En su columna titulada “Una vergüenza”, publicada en el medio digital deportivo En Cancha.cl, Guarello calificó el mecanismo como “de las cosas más injustas y deleznables en la órbita de la ANFP”, asegurando que mediante estos cobros “los clubes someten a exjugadores cadetes y esquilman a los equipos de Segunda Profesional”. En la misma publicación, sostuvo que la situación es “demente, casi esclavista”, debido a montos que pueden alcanzar cifras imposibles de asumir para instituciones pequeñas.
El periodista profundizó estas críticas también en el programa La Hora de King Kong, donde fue aún más categórico al señalar que “esta es la peor cloaca que tiene el fútbol chileno”, describiendo casos en los que jugadores con sueldos de 500 o 600 mil pesos mensuales ven bloqueada su carrera profesional si el club interesado no paga cientos de miles de dólares en derechos de formación.
Un círculo vicioso para clubes y futbolistas
Para los equipos de Segunda División, este escenario genera un círculo difícil de romper. Por un lado, los ingresos son limitados; por otro, los costos asociados a fichajes se elevan artificialmente, impidiendo reforzar planteles y afectando el nivel competitivo. A la vez, muchos futbolistas jóvenes quedan entrampados en disputas administrativas que restringen su libertad de acción y su desarrollo profesional.
Bajo ese panorama, la extensión del torneo a nueve meses —uno de los puntos centrales del comunicado— termina por tensionar un modelo ya debilitado, donde cualquier gasto adicional puede empujar a los clubes a una situación de inviabilidad financiera, especialmente en instituciones de carácter regional.
Silencio en Quilín y una advertencia abierta
Hasta ahora, la ANFP no ha emitido una respuesta oficial frente a la advertencia de los clubes, lo que mantiene abierto un conflicto que podría escalar en las próximas semanas. Aunque el comunicado deja espacio para el diálogo, las instituciones también adelantaron que evalúan acciones administrativas, reglamentarias y legales si no existen cambios concretos.
Más allá de la coyuntura, el mensaje desde la Segunda División es claro: el problema no es solo el calendario, sino un modelo de gobernanza del fútbol chileno que sigue tensionando a su base. Para clubes como Deportes Melipilla y San Antonio Unido, el desenlace de este conflicto no solo marcará el inicio —o no— de la temporada 2026, sino también la viabilidad futura de un proyecto deportivo y social profundamente arraigado en sus territorios.
El Maipo
