El Senado aprobó la destitución del juez de la Corte Suprema Diego Simpértigue, el tercero que deja por esa vía el máximo tribunal, sumido en una profunda crisis de credibilidad.
La acusación contra el magistrado se basó en tres capítulos, de los cuales dos fueron aprobados, uno de ellos por unanimidad, lo que bastó para separarlo de sus funciones y prohibirle realizar cualquier cargo público durante los próximos cinco años.
El primer señalamiento fue por faltas al deber de probidad, abstención e imparcialidad en la causa Belaz Movitec, conocida aquí como trama bielorrusa, donde intervino directamente a pesar de mantener vínculos con los abogados de la empresa acusada, Eduardo Lagos y Mario Vargas.
En el segundo le señalaron abandono de deberes por conflictos de interés en nombramientos notariales al favorecer a un familiar para un puesto en una corte de apelaciones, si bien fue absuelto por el Senado.
La tercera carpeta fue por violar la imparcialidad y probidad en un litigio empresarial, una vez más a cargo de los juristas Lagos y Vargas, con quienes luego hizo un crucero de 10 días por Europa.
Simpértigue se sumó así a los también magistrados Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, destituidos de la Corte Suprema en octubre de 2024 por mal uso de información privilegiada en el primer caso y abandono de deberes en el segundo.
Si añadimos la separación este año del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, por filtración de información al abogado Luis Hermosilla, sindicado de corrupción y otros delitos, es sin duda la peor crisis en décadas para el sistema de justicia del país.
El Maipo/PL
