La Contraloría General de la República (CGR) descubrió serias deficiencias en la fiscalización urbanística de la Municipalidad de Calera de Tango y dispuso la apertura de un procedimiento disciplinario contra funcionarios responsables, según reveló su Informe Final de Investigación Especial N° 213 de 2025.
La investigación, realizada por la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, evidenció un sistema de control municipal débil que permitió la proliferación de construcciones ilegales, edificaciones en zonas protegidas y el funcionamiento irregular de diversos establecimientos comerciales y de servicios, publicó en su portal elperiodista.cl
Construcciones en zonas de protección ecológica
El organismo fiscalizador identificó 26 propiedades ubicadas en Áreas de Preservación Ecológica, todas fraccionadas en parcelas de 5 mil metros cuadrados. Esta situación contradice el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que restringe estas zonas exclusivamente a actividades científicas, educativas, deportivas o turísticas de mínimo impacto.
Aunque existen procesos judiciales y ambientales en curso, la Contraloría exigió al municipio que dirija la alcaldesa Hortensia Mora fortalecer inmediatamente sus mecanismos de control para impedir nuevas construcciones no autorizadas en estos territorios protegidos.
Infracciones generalizadas en permisos y patentes
De 18 propiedades examinadas en profundidad, 17 presentaban incumplimientos normativos. Las irregularidades detectadas incluyen:
- Construcciones ejecutadas sin permisos ni recepciones finales
- Ausencia de informes obligatorios de la Seremi de Vivienda y el SAG
- Establecimientos municipales y comerciales operando sin autorización
- Modificaciones de uso no tramitadas
- Actividades económicas sin patente o con giros no declarados
Entre los casos problemáticos figuran un taller mecánico instalado en terreno fiscal, galpones y centros de eventos sin permisos, hogares de ancianos y centros de rehabilitación irregulares, además de dependencias municipales funcionando en inmuebles no regularizados.
Fiscalización deficiente y sanciones insuficientes
El informe reveló que 12 de las 17 irregularidades nunca fueron fiscalizadas por las unidades municipales correspondientes. Cuando se aplicaron sanciones, estas se limitaron al envío de partes al Juzgado de Policía Local, sin utilizar la totalidad de las herramientas sancionatorias disponibles.
Ante esta situación, la Contraloría ordenó al municipio implementar un plan de trabajo que contemple inspecciones periódicas, medidas sancionatorias más efectivas y el uso completo de las atribuciones legales para detener y sancionar construcciones ilegales.
Procedimientos disciplinarios y casos pendientes
El organismo contralor anunció el inicio de procedimientos disciplinarios contra funcionarios de la Dirección de Obras Municipales (DOM) y de la Sección de Patentes Comerciales para determinar responsabilidades administrativas por la falta de fiscalización.
Un caso particular involucra a un funcionario municipal que recibió un parte por construcción sin permiso en 2021, cuyo ingreso no figura en los registros del Juzgado de Policía Local. La CGR iniciará un procedimiento adicional para investigar posibles infracciones a la Ley de Bases de la Administración del Estado.
Además, se constató que una demolición ordenada en 2022 —de un muro construido sobre la vía pública— permanece sin ejecutar, situación que el municipio deberá acreditar haber resuelto.
Catastro desorganizado y falta de trazabilidad
Finalmente, la investigación determinó que la Dirección de Obras Municipales carece de un catastro único consolidado. En su lugar, mantiene cuatro archivos Excel con información incompleta e imprecisa, incluyendo permisos sin registro y ausencia de trazabilidad en expedientes anteriores a 2017.
El municipio tiene un plazo de 60 días hábiles para informar los avances en la consolidación del catastro comunal y ajustar su gestión urbanística a los estándares de control y transparencia exigidos por la normativa vigente.
El Maipo
