La iniciativa moderniza las capacidades técnicas del organismo fiscalizador y refuerza la protección de los derechos de los pacientes. El texto ahora pasa a segundo trámite en el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que fortalece las facultades de la Superintendencia de Salud, dotando al organismo de nuevas herramientas de fiscalización, transparencia y gobernanza para mejorar el control sobre el sistema sanitario del país.
La iniciativa, que fue respaldada por las comisiones de Salud y de Hacienda, amplía significativamente el ámbito de acción de la superintendencia sobre prestadores y aseguradores tanto públicos como privados, y actualiza su estructura interna para responder a los desafíos actuales del sector, informó la sala de prensa de la Cámara Baja.
Creación del Consejo de la Superintendencia
Uno de los principales avances del proyecto es la creación del Consejo de la Superintendencia de Salud, un órgano técnico y consultivo destinado a fortalecer la gobernanza y la independencia en la toma de decisiones del organismo.
Este consejo estará compuesto por cinco miembros: el superintendente o superintendenta, quien lo presidirá, y cuatro consejeros designados por el Presidente de la República tras un concurso público y con acuerdo del Senado. Su función será asesorar en la definición de lineamientos estratégicos, criterios técnicos de fiscalización y certificación, además de emitir informes públicos sobre el desempeño institucional y del sistema de salud.
Ampliación de facultades fiscalizadoras
El proyecto amplía considerablemente las competencias de la Superintendencia de Salud. El organismo podrá fiscalizar a todos los prestadores y aseguradores del sistema, tanto públicos como privados, así como a las entidades acreditadoras y certificadoras.
Las potestades sancionatorias también se refuerzan significativamente: las multas por infracciones graves aumentan hasta 10.000 UTM (más de $695 millones). Además, la superintendencia quedará facultada para dictar instrucciones generales de cumplimiento obligatorio para prestadores y aseguradores.
Sistema Nacional de Certificación Médica
La normativa crea un Sistema Nacional de Certificación de Especialidades y Subespecialidades Médicas, que también se aplicará a otras profesiones de la salud. La superintendencia coordinará este sistema con universidades y entidades acreditadas por el Ministerio de Salud, con el objetivo de asegurar estándares de calidad y transparencia en los procesos de certificación profesional.
Paralelamente, se redefine el rol de la Intendencia de Prestadores de Salud, que ahora asumirá la fiscalización técnica de los prestadores, la supervisión del cumplimiento de protocolos de calidad y seguridad, y la aplicación de sanciones. También se establecen nuevos plazos para corregir irregularidades y procedimientos de apelación.
Refuerzo de derechos de los pacientes
En materia de derechos ciudadanos, el proyecto refuerza el derecho de los pacientes a recibir información clara y completa sobre su atención, tratamientos y cobertura. Se reconoce expresamente el derecho a obtener copia íntegra y gratuita de la ficha clínica, en formato físico o digital interoperable.
Los prestadores deberán mantener canales de atención y reclamos bajo supervisión de la superintendencia, mientras que el organismo tendrá el deber de difundir los derechos y deberes en salud entre la ciudadanía.
Además, la normativa obliga a los prestadores a cumplir protocolos de atención y seguridad bajo estándares definidos por la autoridad sanitaria, e incorpora requisitos de transparencia en la gestión médica y financiera, junto con mecanismos para prevenir conflictos de interés.
Valoración política
Durante el debate en sala, los diputados valoraron que el proyecto corrija las debilidades de la actual institucionalidad sanitaria y fortalezca el rol fiscalizador de la Superintendencia de Salud. Se destacó que la salud debe entenderse como un derecho social, relevando las nuevas herramientas para sancionar y garantizar la atención de las personas.
Por su parte, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, subrayó que el principal avance de esta iniciativa es “poner a las personas en el centro del sistema sanitario”, garantizando sus derechos por igual ante prestadores públicos y privados.
El proyecto ahora pasa a segundo trámite constitucional en el Senado.
El Maipo
