La iniciativa establece un marco regulatorio integral para el uso del mar en procesos de desalinización, incluyendo la obligación de destinar hasta 5% del agua producida para consumo humano.
La Comisión de Recursos Hídricos del Senado concluyó esta semana la votación de las últimas indicaciones del proyecto que regula íntegramente el proceso de concesión marítima para desalinizar agua de mar, despachando la iniciativa a la Sala para su votación final en el primer trámite legislativo, informó la sala de prensa del Senado.
Tras finalizar con la aprobación de las últimas cuatro indicaciones pendientes, el proyecto avanza hacia su discusión general en la Cámara Alta, cumpliendo así una etapa clave en su tramitación.
Origen y desarrollo del proyecto
La iniciativa tuvo su origen en una moción presentada por los ex senadores Isabel Allende, Adriana Muñoz, Alejandro Guillier, Felipe Harboe y Jorge Pizarro. Durante la administración de Sebastián Piñera se incorporaron las primeras indicaciones al proyecto, mientras que en el actual gobierno de Gabriel Boric se presentaron nuevas modificaciones que reformularon aspectos centrales de la propuesta.
Posteriormente, tras su aprobación en general y en particular en la Comisión de Recursos Hídricos, la iniciativa fue derivada a la Comisión de Hacienda, donde se acordaron modificaciones adicionales, algunas de ellas impulsadas por el propio Ejecutivo, indicaron las fuentes del Senado.
Principales aspectos del proyecto
El proyecto establece un marco regulatorio completo para las concesiones marítimas destinadas a la desalinización, fijando una duración de 30 años para estas concesiones, con posibilidad de prórroga por el mismo período.
Entre los aspectos más destacados de la iniciativa se encuentra la creación de una Estrategia Nacional de Desalinización, instrumento que busca orientar el desarrollo de proyectos de desalinización de agua de mar a nivel país.
La normativa también otorga al titular de la concesión el derecho a imponer servidumbres necesarias para la construcción y operación de la planta desalinizadora, así como para las conducciones y disposición de las aguas resultantes del proceso.
Resguardo del interés público
Uno de los elementos centrales del proyecto es la incorporación de normas destinadas a proteger el interés público. En este sentido, se establece que toda concesión otorgada deberá contemplar la obligación de aportar hasta un 5% del agua producida para asegurar el consumo humano y/o el saneamiento.
Últimas indicaciones aprobadas
Entre las indicaciones finales aprobadas por la Comisión de Recursos Hídricos destaca aquella que establece que el valor del aporte de agua desalinizada para consumo humano no podrá ser fijado de manera discrecional, sino que deberá considerar como mínimo el costo marginal de esa porción del agua.
Asimismo, se incorporaron normas que reponen un plazo de caducidad en caso de falta de inicio de las obras, y se reguló tanto la presentación del plan de cierre como la suscripción de garantías por parte de los concesionarios.
Con este despacho, el proyecto se encuentra listo para su discusión en la Sala del Senado, donde se definirá si avanza al segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
El Maipo/Imagen Patrick T. Fallon/Getty Images
