(Quito) El Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador informó hoy que realizó una consulta ambiental en la comunidad de Palo Quemado, provincia de Cotopaxi, para impulsar un proyecto minero, mientras pobladores denuncian que fueron impedidos de participar.
El Frente Nacional Antiminero aseguró en la red social X que la jornada no fue democrática y que se marginó a quienes se oponen a la explotación minera.
Según el Ministerio, el proceso se desarrolló en estricto cumplimiento de la normativa vigente y de los parámetros fijados por la Corte Constitucional, con la participación voluntaria de habitantes de los recintos Las Minas de la Plata y San Pablo de la Plata, considerados zonas de influencia directa.
#URGENTE La gran mayoría de las personas que afectadas por la concesión del proyecto megaminero La Plata fueron impedidos de participar al proceso de consulta ambiental
— Frente Nacional Antiminero (@FNAntiminero) August 23, 2025
"No están siendo democráticos, queremos que ganen ellos, entonces allá a los otros, les mandamos a un lado" pic.twitter.com/zFRP6ol7YC
La cartera sostuvo en un comunicado divulgado este sábado que el mecanismo garantizó el derecho a la participación ciudadana y a decidir en materia ambiental.
Sin embargo, Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), manifestó que esa consulta se instaló en medio de una declaración de estado de excepción en Cotopaxi, “lo que pone aún más en riesgo a la población que ha decido ya por un no rotundo a la minería”.
“Denunciamos públicamente que los pobladores de Palo Quemado y las Pampas fueron limitados en su participación”, afirmó Iza.
El excandidato presidencial por Pachakuti cuestionó el despliegue de policías y militares “para resguardar el interés de la trasnacional canadiense Ático Mining S.A que pretende obtener la licencia ambiental para la fase de explotación del proyecto megaminero La Plata”.
En marzo de 2024, Palo Quemado y Las Pampas fueron escenario de una de las represiones más graves vinculadas a la minería en Ecuador, con militarización y heridos, lo que llevó a un juez a suspender la consulta en ese entonces, aunque luego consiguieron avanzar con el proceso.
La víspera, en una rueda de prensa en sta capital, los pobladores alertaron sobre presuntos vínculos familiares entre el Gobierno y la compañía minera, el uso abusivo de las fuerzas armadas y la violación de derechos humanos.
El representante del Frente Antiminero Juan Carvajal consideró lamentable que la entidad encargada de preservar el medio ambiente pretenda otorgar permisos y facultades para que las transnacionales entren a los territorios y “hagan lo que les dé la gana”.
