(San Salvador) Los salvadoreños retornan hoy a sus labores, tras varios días de festividades, y nuevas voces se suman a la oposición contra las reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Legislativa.
Luego que el 31 de julio el Parlamento unicameral salvadoreño aprobara varios cambios a la Constitución de 1983, en especial el referido a la reelección presidencial indefinida, el asunto fue centro de controversias entre los que apoyan y adversan esa decisión.
El partido Nuevas Ideas (NI) y el presidente del país, Nayib Bukele, estiman que el foro está investido para ejecutar los cambios que le permitirán al mandatario ser candidato a un tercer mandato en 2027.
Es cierto que el partido en el gobierno tiene mayoría absoluta junto a partidos minoritarios aliados para tener 57 de 60 votos; sin embargo, una acción tan trascendente para la vida política en el país debió ser consultada con el soberano, el pueblo, alegan opositores.
A criterios adversos de institutos políticos como la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el Frente Farabundo Martí se sumaron académicos, centros de opinión y la víspera, la Iglesia católica, que aglutina en esa creencia a cerca de la mitad de la población.
El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, llamó a los diputados a reconsiderar las reformas constitucionales que permiten la reelección presidencial indefinida, por considerarla ilegítima.
En una misa en honor al patrono capitalino, el Divino Salvador del Mundo, en la catedral metropolitana, el prelado dijo que para el bien popular “pedía a los legisladores que reconsideren las reformas a la Constitución que ellos aprobaron y ratificaron el 31 de julio».
Aseguró que los cambios fueron aprobados de forma inconsulta, lo que le resta la legitimidad que le daría el pueblo de ser consultado.
Las modificaciones a la Constitución también fueron rechazadas por organizaciones que defienden los derechos humanos, mientras Bukele las defendió en un mensaje en redes sociales.
También un informe de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) rechazó el cambio y consideró que en El Salvador “ya no existe Estado de derecho” porque no hay respeto al debido proceso, la ciudadanía no tiene derecho a un juez independiente, ni al libre desarrollo de la personalidad, ni a la libertad de reunión, asociación, expresión o información”.
“Hoy, el oficialismo ha llegado al punto de no retorno tanto por el deseo como por la necesidad de aferrarse al poder”, precisó la valoración.
El informe de la UCA señaló posiciones de organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales que afirman que “El Salvador regresa a su pasado, a un pasado de concentración absoluta del poder en clanes militares y de profunda corrupción de la institucionalidad pública”.
El Maipo/PL
