La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y otras organizaciones de Derechos Humanos expresaron hoy su rotundo rechazo a una iniciativa del Senado y la Corte Suprema de Justicia de Chile para liberar a condenados por violaciones a los Derechos Humanos.
“Resulta indignante que el Poder Judicial, que durante los 17 años de dictadura fue cómplice, desoyendo recursos de amparo y negando justicia, hoy se muestre preocupado y sensible ante los responsables de más de tres mil 500 crímenes”, denunció la AFEP.
La asociación condenó el intento de buscar mecanismos para excarcelar a los represores, amparándose en su avanzada edad y estado de salud.
“Esta medida desconoce la gravedad de los delitos cometidos, la ausencia de colaboración con la verdad y el hecho de que estos criminales no solo no reconocen la ilicitud de sus actos, sino que los justifican y reivindican”, recordó la agrupación.
Afirmó que durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) miles de personas fueron asesinadas o desaparecidas, detenidas, torturadas y exiliadas en el marco de la doctrina de seguridad nacional.
“Esta política, planificada y sistemática, fue un ataque directo contra la población civil, perpetrado por las Fuerzas Armadas y de Orden, con la complicidad de sectores civiles ligados a partidos de derecha y con vínculos con la CIA”, recordó la AFEP en una declaración.
El texto precisa que a más de 50 años del golpe militar y a 35 del fin de la dictadura aún se desconoce el destino de mil 100 detenidos desaparecidos y, si bien en los últimos años se dictaron condenas, éstas han sido tardías y con penas indulgentes ante la gravedad de los crímenes.
Las actuales iniciativas legislativas y judiciales para liberar a los represores, señalan, atentan contra la garantía de no repetición y envían una señal de incivilidad, bajo un falso manto de humanidad que, en realidad, encubre impunidad.
“Rechazamos con toda nuestra fuerza y voluntad cualquier intento de favorecer a condenados por crímenes de lesa humanidad. La memoria, la verdad y la justicia no son negociables”, concluye la declaración.
El Maipo/PL
