El Senado francés aprobó hoy en primera lectura la reforma de la jubilación que impulsa el Gobierno, proyecto que seguirá la próxima semana su camino parlamentario en medio del rechazo de los sindicatos y fuerzas políticas.
Con el apoyo de los conservadores del partido Los Republicanos (LR), dominante en la Cámara alta, el oficialismo consiguió un paso importante y esperado entrada la noche del sábado, en un día que fue testigo de la séptima jornada de protestas multitudinarias y huelgas desde el 19 de enero para exigir la retirada de la iniciativa.
En el Palacio de Luxemburgo, la reforma que incluye la extensión de la edad legal de jubilación de 62 a 64 años recibió el Sí de 195 senadores y el No de 112.
La izquierda denunció el empleo de recursos por LR y el Gobierno que aceleraron las discusiones en el hemiciclo, marginaron una parte de sus enmiendas, limitaron las intervenciones e impusieron un voto único del proyecto, también cuestionado por representar un aumento del período de cotizaciones y la eliminación de regímenes especiales de pensiones.
El mes pasado el texto no pudo votarse en la Asamblea Nacional, instancia que en Francia tiene la última palabra en el ámbito legislativo, por el accionar de la oposición, que presentó alrededor de 20 mil enmiendas, la mayoría por La Francia Insumisa.
La reforma de la jubilación será analizada el 15 de marzo en una comisión mixta de siete senadores e idéntica cantidad de diputados, antes de su regreso el 16 de marzo a la Asamblea.
A partir de los procedimientos fijados, el 26 de marzo será la fecha límite para el voto final sobre un proyecto que genera el rechazo unánime de los sindicatos, un escenario atípico en los últimos años.
Este sábado, cientos de miles de personas volvieron a las calles contra el texto, y ya la Intersindical anunció que el miércoles, el día que sesionará la comisión mixta, realizará una nueva jornada de movilización.
Los gremios acusan al presidente Emmanuel Macron de ignorar el repudio mayoritario en Francia al proyecto, por lo que le solicitaron una reunión de urgencia y una consulta popular sobre la reforma.
De acuerdo con los detractores del texto, el Gobierno podría recurrir al artículo 49.3 de la Constitución para adoptarlo sin voto parlamentario, una decisión que advirtieron sería antidemocrática.
Fuente: El Maipo/PL
