(Brasilia) El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil calificó de intromisión indebida la declaración de la Embajada y el Gobierno de Estados Unidos sobre la situación jurídica del expresidente Jair Bolsonaro, acusado de golpista.
Por ese hecho, la Cancillería convocó al encargado de Negocios del país norteño, Gabriel Escobar, para brindar aclaraciones y escuchar una protesta formal de la administración del presidente Luiz Inácio Laula d Silva.
La embajadora Maria Luisa Escorel, quien presidió la reunión en el ministerio, fue la que llamó de «interferencia indebida» la afirmación sobre Bolsonaro, quien está siendo procesado ante el Supremo Tribunal Federal por liderar un intento de golpe de Estado.
El ministerio reiteró que la actitud era considerada inaceptable y advirtió que podría tener «consecuencias negativas para la relación bilateral entre ambos países».
Recientemente, la embajada de Estados Unidos en esta capital publicó un comunicado oficial, en el cual se hizo eco de las declaraciones de su presidente, Donald Trump, afirmando que Bolsonaro es víctima de «persecución política».
El texto afirma que el exmandatario ultraderechista fue un «socio fuerte de Estados Unidos» y su investigación «irrespeta las tradiciones democráticas de Brasil».
La tensión se intensificó aún más el miércoles, cuando Trump volvió a atacar a Brasil durante un evento con líderes de África Occidental en la Casa Blanca.
Anunció su intención de aumentar los aranceles comerciales contra Brasil, el cual, aseguró, «no ha sido bueno con nosotros».
La escalada retórica del republicano y la firme respuesta de la Cancillería alertan sobre el futuro de las relaciones entre las dos naciones.
Para el Gobierno, «no es función de Estados Unidos ni de nadie tomar partido ni expresar una opinión sobre asuntos internos que preocupan a Brasil».
El Supremo debe decidir entre septiembre y octubre si condena o absuelve a los investigados por la tentativa golpista tras las elecciones de 2022, entre ellos a Bolsonaro.
La primera sala de la corte concluyó los interrogatorios de los acusados del llamado núcleo crucial de la acción penal por el complot.
Una siguiente etapa es el juicio que definirá si serán penados o redimidos los implicados en la confabulación, que debería tener lugar entre septiembre y octubre.
Hasta entonces, las defensas de los acusados y la Fiscalía General aún pueden solicitar diligencias o la recolección de nuevas pruebas.
El juzgado superior interrogó a ocho inculpados y casi todos están acusados de delitos como organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y tentativa de golpe de Estado.
Asimismo, por daños calificados como violencia y amenaza grave, y deterioro del patrimonio histórico.
El Maipo/PL
