La normativa establece nuevas normas escalonadas, que varían según la zona marítima del país y las especies autorizadas, tanto para el sector artesanal como para la gran industria, con el objetivo de hacer más equitativa esta actividad económica.
Así, por ejemplo, en la anchoveta y la sardina en el norte del país el 55 por ciento de la cuota será para los artesanos y el 45 irá a las empresas, proporción que se invierte con la merluza común en el centro y el sur.
Respecto al jurel, la gran industria tendrá derecho a la captura del 85 por ciento y la diferencia será para las cooperativas y pequeños pescadores.
Sin embargo estos últimos tienen entre 80 y 90 puntos porcentuales de la jibia y la reineta, especies muy valoradas en el mercado local.
También se establecen reglas más estrictas en el sistema de control de desembarques, incorporando certificaciones obligatorias, normas de trazabilidad del producto y el uso de herramientas digitales para monitorear el cumplimiento.
La Federación Regional de Pescadores Artesanales del Biobío aseguró que se logró un reconocimiento histórico a quienes desarrollan esta actividad de manera sostenible y se contará con una ley más justa y sustentable.
Si bien algunas cuotas no cumplieron todas las expectativas, si hay una notable mejoría respecto a la anterior legislación, señalaron.
Por el contrario, la gran industria pesquera anunció la presentación de recursos legales, dentro y fuera del país, por lo que considera una “expropiación indirecta y la afectación a derechos adquiridos”.
Ricardo García, gerente de Camanchaca, una de las firmas más grandes de esa rama, consideró inaceptable cambiar lo que estableció una ley aprobada hace más de 12 años y prevé exigir una indemnización por supuestas pérdidas patrimoniales.
Disímiles reacciones existen hoy en Chile ante el proyecto de una ley que modifica el fraccionamiento de las cuotas de pesca, la cual fue aprobada en el Congreso Nacional y será promulgada en fecha próxima.
La normativa establece nuevas normas escalonadas, que varían según la zona marítima del país y las especies autorizadas, tanto para el sector artesanal como para la gran industria, con el objetivo de hacer más equitativa esta actividad económica.
Así, por ejemplo, en la anchoveta y la sardina en el norte del país el 55 por ciento de la cuota será para los artesanos y el 45 irá a las empresas, proporción que se invierte con la merluza común en el centro y el sur.
Respecto al jurel, la gran industria tendrá derecho a la captura del 85 por ciento y la diferencia será para las cooperativas y pequeños pescadores.
Sin embargo estos últimos tienen entre 80 y 90 puntos porcentuales de la jibia y la reineta, especies muy valoradas en el mercado local.
También se establecen reglas más estrictas en el sistema de control de desembarques, incorporando certificaciones obligatorias, normas de trazabilidad del producto y el uso de herramientas digitales para monitorear el cumplimiento.
La Federación Regional de Pescadores Artesanales del Biobío aseguró que se logró un reconocimiento histórico a quienes desarrollan esta actividad de manera sostenible y se contará con una ley más justa y sustentable.
Si bien algunas cuotas no cumplieron todas las expectativas, si hay una notable mejoría respecto a la anterior legislación, señalaron.
Por el contrario, la gran industria pesquera anunció la presentación de recursos legales, dentro y fuera del país, por lo que considera una “expropiación indirecta y la afectación a derechos adquiridos”.
Ricardo García, gerente de Camanchaca, una de las firmas más grandes de esa rama, consideró inaceptable cambiar lo que estableció una ley aprobada hace más de 12 años y prevé exigir una indemnización por supuestas pérdidas patrimoniales.
Fuente: El Maipo/PL
