El uso de licencias médicas para viajar al extranjero provocó hasta hoy la caída de varios funcionarios, pero las investigaciones continúan en lo que parece ser la punta del iceberg de un fraude más extendido.
El escándalo estalló cuando la contralora general de la República, Dorothy Pérez, dio a conocer que entre 2023 y 2024 más de 25 mil empleados públicos salieron al exterior durante sus periodos de reposo.
Tras la publicación del informe, responsables de diversas dependencias, asesores y hasta alcaldes debieron dimitir de sus cargos.
Uno de los casos más emblemáticos es el del vicepresidente del Colegio Médico, Iván Mendoza, si se tiene en cuenta la institución a la cual representa.
Mendoza dijo que su caso se debe a “un cruce de fechas entre un feriado legal y el inicio de una licencia médica”, no obstante, reconoció que dado el momento que atraviesa el colegio y la importancia de su rol, optó por asumir su defensa fuera del cargo.
En las últimas horas también se conoció la renuncia del Secretario Regional Ministerial del Deporte en el Biobío, Cristian Cartes, militante del Frente Regionalista Verde Social.
También debió dejar su puesto el alcalde de la comuna de Macul, Eduardo Espinoza, miembro del ultraderechista Partido Republicano.
“La postura del Gobierno y la mía personal es que cuando se defrauda la fe pública, cuando se hace mal uso de un instrumento tan importante como las licencias médicas, tiene que haber sanciones que sean drásticas y categóricas», dijo el presidente Gabriel Boric.
Recordó el mandatario que cuando una persona pide un certificado para irse de vacaciones, hay otra que se recarga para sacar adelante el trabajo.
A todos los que hayan sido identificados realizando esta práctica se les tienen que realizar sumarios con la mayor severidad y tengo la convicción de que muchos de ellos debieran ser destituidos, dijo.
Al abordar el tema, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que este asunto se viene analizando desde hace un año y medio, cuando empezaron a ver el exceso de licencias en comparación con la situación previa a la pandemia.
Marcel advirtió que aunque la información de Contraloría es del sector público, hay excesos ligados a este fraude que trascienden al sector privado.
El escándalo está lejos de llegar a su fin, porque la contralora anunció ante la Comisión de Salud del Senado que se está revisando también la situación de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.
Esos son los sistemas previsionales que se encargan de pensionar a las Fuerzas Armadas y a la policía.
También se analiza la situación de funcionarios públicos con licencias médicas extendidas, algunos de los cuales llevarían más de un año en esa condición mientras trabajan para empleadores del sector privado.
Asimismo, se evalúan mecanismos para identificar a quienes utilizaron certificados para viajar dentro del país.
En una entrevista en el programa Al Pan Pan con Mirna Schindler, el ingeniero, escritor y exintegrante del Consejo de Alta Dirección Pública, Mario Waissbluth, aseguró que el tema forma parte de una problemática más profunda.
Según Waissbluth, si se computa la utilización de este método fraudulento para viajar dentro de Chile, la cifra puede aumentar de 25 mil a 50 mil en el sector público, pero en el privado podrían ser 100 mil o incluso 200 mil.
El Maipo/PL
